Cruchaga indicó que estas iniciativas están siendo elaboradas en conjunto por el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción, y consignó que "la idea es que se abra un debate durante febrero y que las iniciativas sean tratadas en el Congreso en marzo".

Durante el mes próximo, el Gobierno establecerá una ronda de consultas entre empresarios, sindicalistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y científicos, entre otros sectores, para terminar de delinear los proyectos, según puntualizó el funcionario. El borrador sobre el que están trabajando en el Gobierno y la Oficina Anticorrupción contempla la creación de un "registro único de lobbistas", que apuntaría a regularizar la actividad del sector privado que "pugna por el bien de sus intereses" en la órbita del Estado.

El director de Política y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Roberto de Michele, resaltó la necesidad de establecer "divisiones claras y precisas" entre los intereses públicos y particulares con una legislación que reglamente el accionar de los lobbistas.

"La necesidad de reglamentar la representación de intereses del lobby tiene que ver con establecer divisiones claras y precisas entre los intereses públicos y los intereses particulares que tratan que el Estado promulgue legislación o tome decisiones como actividad legítima de esos sectores", afirmó. Esa actividad de los lobbistas "es lógico que esté regulada de manera tal que haya un uso equitativo del recurso y una Ley de Lobby apunta a una forma equitativa y transparente de esta actividad", aseveró el funcionario de la Oficina Anticorrupción.