Los fiscales pidieron procesamientos

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron a la Cámara Federal que revoque la "falta de mérito" que el juez Carlos Liporaci le dictó a siete senadores nacionales en la causa por el presunto pago de sobornos para la aprobación de la reforma laboral.

Los fiscales afirmaron que "existe un grado de sospecha suficiente" como para dictar el procesamiento de Emilio Cantarero (PJ), Angel Pardo (PJ), Javier Meneghini (UCR), Alberto Tell (PJ), Augusto Alasino (PJ), Remo Constanzo (PJ) y Ricardo Branda (PJ).

En otro párrafo de su escrito, los fiscales solicitaron que profundice la investigación en torno a las figuras de los justicialistas Eduardo Bauzá, Ramón "Palito" Ortega y los radicales Raúl Galván y Alcídes López.

Los fiscales reclamaron que se amplíen las declaraciones indagatorias del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y de Martín Fraga Mancini, colaborador del senador Constanzo, por ser las "personas de máxima confianza" del ex titular provisional del Senado, el radical mendocino José Genoud y del legislador justicialista.

Insistieron, también, con la citación a declarar como testigos al ex presidente Carlos Menem, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf y el diputado nacional Domingo Cavallo, para que expongan sobre "su eventual conocimiento acerca de mecanismos de distribución de fondos reservados para facilitar la sanción de las leyes".

Las principales medidas que solicitaron los fiscales en el escrito de apelación son las siguientes:

* Ampliación de las declaraciones indagatorias de los ex secretarios del Senado Mario Pontaquarto y Martín Fraga Mancini, como personas de "máxima confianza de los senadores José Genoud y Remo Costanzo" que "conocían la existencia del hecho".

* Un informe del Departamento Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, "a efectos de que haga saber el estado actual de las tareas encomendadas".

* Pedir al jefe de Gendarmería Nacional que designe un equipo de expertos de la Dirección de Pericias a fin de que efectúen, "en un plazo razonablemente corto, un entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre los senadores imputados y Alberto Flamarique, Fernando De Santibañes, Martín Fraga Mancini y Mario Pontaquarto".

Según los fiscales, existió una "negociación paralela o informal" para conseguir la aprobación de la reforma laboral. Para ellos, en esa "negociación" participaron los senadores "Augusto Alasino y José Genoud" y los ex funcionarios "Alberto Flamarique y Fernando De Santibañes". Así lo consideraron en los fundamentos de la apelación a la falta de mérito que dictó el juez Carlos Daniel Liporaci a siete senadores que habían sido involucrados en el caso.

Los "referentes de mayor representación de cada agrupación", "comandados por el senador José Genoud" por la bancada radical, buscaban "un consenso susceptible de apreciación pecunaria", analizaron.

También expresaron que el pedido del entonces secretario de Inteligencia del Estado, De Santibañes, de 50 millones de pesos para su repartición habría "obedecido" a que era necesario "previsionar un gasto futuro".

"Fácil es concluir de esa manera que existieron una serie de irregularidades que analizadas conjuntamente permiten reconstruir los pasos más relevantes vinculados al modo en que se gestó la trama de los sobornos a los senadores", apuntaron.

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