Reacciones por la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia debida

El presidente del bloque del justicialismo, Humberto Roggero, respaldó el fallo del juez Gabriel Cavallo, quien declaró "inconstitucional" las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y aseguró que es una herramienta que fortalcerá el sistema democrático.

El ex presidente Raúl Alfonsín consideró en cambio que la declaración de inconstitucional de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida pondría "resultar peligroso" para el país porque implicaría "volver atrás 20 años", mientras que diversos políticos manifestaron su satisfacción ante el hecho.

"El fallo no debe interpretarse como el inicio de una caceria de brujas, sino como el compromiso de todos por desterrar para siempre la violencia y el terrorismo de Estado", aseguró el jefe de la bancada del justicialismo.

Por medio de una nota, Roggero también indicó que la sentencia "es una herramienta fundamental para la democracia", pero advirtió que "no debe utilizarse para reinstalar antagonismos que la sociedad argentina no acepta".

El diputado cordobés recordó que en la sesión del 24 de marzo de 1998 cuando se derogaron esas leyes, el PJ dejó "en claro que si queremos construir una democracia fuerte y justa para todos, era necesario pensar en el futuro sin olvidar nuestro pasado". Recordó que el PJ siempre "se opuso a esas leyes y que se logró derogarlas el 24 de marzo de 1998", y subrayó que en esa ocasión el PJ planteó que si "queremos construir una democracia fuerte y justa para todos, es necesario pensar en el futuro sin olvidar el pasado".

En otro orden, el diputado cordobés rescató la "valiente actitud de quienes, desde el CELS y los demás organismos de derechos humanos, siguieron con su lucha a pesar de la posición adversa de muchos que se decían defensores de los derechos humanos pero que, en el fondo, pretendían mantener todo en la oscuridad".

"Hay que respetar a la Justicia, pero hay que tener en cuenta que siempre resulta peligroso volver atrás 20 años en la historia de cualquier Nación", señaló a su vez Alfonsín durante el acto de lanzamiento de su candidatura a senador.

La diputada nacional de la Alianza e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara baja Marcela Bordenave, expresó su "satisfacción" ante la decisión del juez Cavallo y estimó que esa decisión "se condice con el espíritu de los proyectos presentados en 1996 y 1997". Consideró, además, que el dictamen "es una oportunidad innegable de resarcir un error que dejó a toda la sociedad en un estado de desasociego y deconfianza en la justicia".

Por otro lado, el diputado socialista Jorge Rivas opinó que el fallo "abre la posibilidad de que se enlace lo que intentamos hace tres años con el proyecto de derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final". En ese sentido, el diputado aseguró que "celebramos profundamente la decisión del juez, porque más allá de lo que pase en las sucesivas instancias judiciales, demuestra que es posible desmontar el aparato legal que protege a los criminales de lesa humanidad en la Argentina".

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