Pou va a la Justicia para impugnar a la bicameral

El presidente del Banco Central, Pedro Pou, anticipó que hoy se presentará ante la Justicia para solicitar que "declare la inconstitucionalidad del reglamento" de la comisión parlamentaria que investiga su actuación al frente de la entidad monetaria nacional.

De este modo, Pou buscará frenar la investigación de la comisión bicameral, que promovería su remoción esta semana bajo la acusación de "negligencia y mal desempeño de sus funciones", según dejaron trascender algunos de los legisladores que la integran.

La comisión, en tanto, definirá el miércoles o jueves d esta semana el dictamen que aconsejará al Presidente de la Nación la remoción del funcionario.

En una carta publicada en La Nación ayer domingo, Pou argumentó que la denominada "comisión antilavado" atenta contra la "independencia funcional" del Central, la cual está garantizada por la Constitución. En ese sentido, Pou fundamentó que la comisión legislativa "ha dictado un reglamento de funcionamiento que le permite tomar decisiones discrecionales que no respetan el texto legal", con el objetivo de promover su remoción "sin respetar el espíritu de la ley".

Además, contraatacó a los diputados y senadores que lo investigan, al sostener que el cuerpo que componen no busca "aconsejar" al presidente Fernando de la Rúa sobre su gestión, sino que emitirá una "opinión política".

"No es que esta comisión vaya a investigar la actuación del directorio a los efectos de formarse una opinión sobre la base de la cual aconsejar al Presidente, sino que va a emitir una opinión política", afirmó el titular del Central.

Consultado al respecto, el ministro del Interior, Federico Storani, sostuvo que el presidente del Banco Central "no tiene motivos" para pedir ante la Justicia que se impugne la investigación que realiza la comisión parlamentaria sobre su gestión, porque ese cuerpo "está cumpliendo con la ley".

Storani defendió el accionar de la denominada "comisión antilavado" que preside el misionero Mario Losada, al asegurar que "viene cumpliendo estrictamente con lo que marca la ley". Además, el titular de la cartera política negó que existan razones que invaliden las próximas conclusiones de la comisión bicameral sobre el desempeño de Pou y de todo el directorio del Central.

Si bien los cinco legisladores que integran la comisión prefieren mantener el hermetismo, las deducciones que se desprenden de sus acotadas declaraciones públicas dan a entender que por lo menos cuatro de ellos tienen firmes elementos para opinar en contra de la continuidad de Pou.

El presidente provisional del Senado y titular de la comisión bicameral, Mario Losada, consideró que todos los testimonios que se ofrecieron sirvieron para realizar conjeturas, aunque dio a entender que ninguno fue determinante para condenar al banquero.

Del martes al jueves pasados la comisión escuchó a tres directivos que integran la cúpula del Banco Central, a cinco ex funcionarios de la entidad, y a dos representantes de la comisión gremial interna.

Lo que sí influiría en gran medida en la decisión de los legisladores son los documentos acercados a la comisión: actas, acordadas y circulares del propio Banco Central, e informes sobre las quiebras de los bancos Mayo, Patricios, el Integrado Departamental y el República de Mendoza.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, dio curso al pedido orgánico del cuerpo para que el Senado de Estados Unidos remita al Parlamento el capítulo argentino de la investigación sobre operaciones de lavado de dinero.

El pedido -que fue impulsado en forma unánime en la sesión del miércoles, la primera del año- fue girado al presidente Fernando de Rúa para que, a su vez, lo remita a la Cancillería y esta al embajador argentino en Estados Unidos, Guillermo Fernández, hasta que la solicitud llegue formalmente el Senado norteamericano.

En ese sentido, en un escrito de cinco líneas, el radical Rafael Pascual pidió al presidente que, de acuerdo con lo encomendado por la totalidad del cuerpo, "se sirva disponer que a través de quien corresponda se requiera el envío de la documentación citada", en referencia al informe del Senado de Estados Unidos. De tal manera Pascual cumplió con la resolución votada en la primera sesión ordinaria del año, en la que los diputados de todos los bloques le encomendaron a él y a la Comisión de Labor Parlamentaria que realicen "las gestiones necesarias para que a la brevedad se obtenga una copia" del informe estadounidense.

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