Diputadas ofrecen a la Justicia datos sobre emir Yoma

Las diputadas nacionales Graciela Ocaña e Irma Parentella le entregaron al juez federal Jorge Urso una serie de elementos que servirán para la declaración testimonial que el magistrado tomará el jueves al ex asesor presidencial Emir Yoma.

Ese día, Urso tiene previsto escuchar al ex cuñado del ex presidente Carlos Menem en el marco de la causa en la que investiga -con la intervención del secretario Juan Hermida- la venta ilegal de armas al exterior.

Las legisladoras afirmaron que la documentación que aportaron "surge de investigaciones que llevan adelante en relación con la situación de la curtiembre Yoma y los movimientos de dinero que involucran a la empresa Eltham Trading (dueña de Yoma SA) y a la cuenta Daforel".

En la causa por la venta ilegal de armas, el 6 de marzo último Urso citó nuevamente a Yoma, mediante una resolución en la que además decidió que declaren, también como testigos, (aunque por escrito en su calidad de legisladores) a Elisa Carrió, Gustavo Gutierrez y Leopoldo Moreau.

El pedido para que declaren los diputados se hizo en virtud que "llevan adelante una investigación sobre lavado de dinero en nuestro país" y medios periodísticos "informaron que poseían documentación de interés para estas actuaciones".

El magistrado también quiere tomar -por vía de exhorto a la Ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay- declaración a Ana Beatriz Penza Fernandez, Gabriela Foggia Varela y Muhamad Yalal Nacrach (presuntamente sobrino de Emir Yoma), quienes aparecen como integrantes de la sociedad Elthan Trading. Esa empresa aparece como la que depositó 400.000 dólares (presuntamente como parte de las coimas por la venta de armas) en la cuenta de Daforel, a cuyo titular Rodrigo López Acosta -también radicado en el vecino país- el juez quiere interrogar como testigo.

Según las constancias que acompañaron las parlamentarias Elthan Traidding es "el accionista mayoritario" de Yoma Sociedad Anónima, empresa que, en 1995, aumenta el capital en cuatro millones (pasando de 27 a 31) y a fines de ese año "produce un nuevo aumento" por cinco millones. "No resulta claro el origen de los fondos que fueron transferidos y existirían sospechas de que los mismos podrían provenir del blanqueo de capitales espurios provenientes de operaciones ilícitas", dicen las legisladoras.

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