La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que deroga el sistema de cómputos de reducción de pena conocidos como "Dos por Uno", que facilita la excarcelación de los procesados y condenados que no tienen sentencia firme.
La iniciativa pudo ser sancionada con un alto grado de consenso, tras el acuerdo celebrado el martes entre el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; el vice Melchor Cruchaga; el presidente de la Cámara, Rafael Pascual; la Alianza, el justicialismo, los partidos provinciales y el cavallismo.
El proyecto fue votado con el respaldo de aliancistas, justicialistas, provinciales y cavallistas, pero sin el apoyo de los socialistas Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Héctor Polino y la disidente Alicia Castro, que plantearon su abstención.
Para poder llegar a este consenso luego del impasse impuesto de una semana, la Alianza revisó su posición inicial de proponer una derogación parcial del sistema de cómputos denominado "dos por uno", y la oposición aceptó mantener el resto de los artículos de la ley del 24.390 referido a los plazos de duración de la prisión preventiva.
La iniciativa aprobada elimina el artículo 7 de la ley 24.390 y establece que el plazo de prisión preventiva no podrá exceder los dos años sin que se haya dictado sentencia. Además, faculta al Ministerio Público a oponerse a la libertad de un imputado si la gravedad de la infracción que cometió así lo ameritara o si existieron maniobras legales "manifiestamente dilatorias de parte de la defensa".
Como contrapartida, el proyecto obliga a los jueces a informar al Consejo de la Magistratura las causas en las que los detenidos hayan permanecido más de dos años sin sentencia, como así también reportar de inmediato cuando un imputado hubiera dejado de cumplir con prisión preventiva y los motivos de su liberación. En ambos casos, si el magistrado se demorara en enviar los informes, se considerará falta grave, por lo que el Consejo de la Magistratura podría aplicar sanciones al juez.
En el debate en general se produjo un choque político entre el oficialismo y la oposición, cuando la diputada radical Margarita Stolbizer salió al cruce de la peronista bonaerense Mabel Muller recordándole que el sistema del "dos por uno" había sido implementado en 1994, cuando el actual gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, era ministro del Interior. Esto provocó la reacción de la legisladora peronista que, indignada, replicó que "la grandeza está en reconocer que la ley no tuvo efecto", e insistió en destacar el rol jugado por el gobernador bonaerense en la derogación del polémico sistema de cómputo de días de prisión preventiva.
Más allá de este pequeño duelo verbal, la sesión se desarrolló sin mayores inconvenientes, en virtud del acuerdo alcanzado en la víspera que permitió consensuar un proyecto que contó con el aval de todas las bancadas.
Todos los oradores coincidieron en destacar que la ley 24.390 no cumplió con el objetivo para el que había sido votado y que sus disposiciones fueron utilizadas en forma "perniciosa" por los abogados defensores.
El proyecto votado por los diputados deroga el sistema, mantiene el plazo de dos años y uno de prórroga para que el juez pueda emitir sentencia desde el dictado de la prisión preventiva y establecer un mecanismo de control para evitar la morosidad judicial.
También habilita al Ministerio Público podrá "oponerse a la libertad del impuesto por la especial gravedad de la pena que le fuera atribuida, o cuando entendiera que concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 319 del Código Penal, o que existieron articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa". Además contempla un sistema de control de parte del Consejo de la Magistratura, que tendrá que recibir un informe de cada juez explicando los motivos por los cuales no emitió sentencia, tras haber pasado dos años de prisión preventiva, y confeccionar un registro de los procesados. El radical Victor Fayad -quien fue miembro informante del oficialismo- afirmó que con la eliminación del "dos por uno" "admitimos el error legislativo que se ha cometido, que en su momento parecía un acierto, pero a la luz de la realidad se comprueba que no se han cumplido los objetivos, que era terminar con la morosidad judicial".
"La derogación de los artículos 7 y 8 significa la derogación de un beneficio o supuesto beneficio, pero no implica que estamos incumpliendo el Pacto de San Jose de Costa Rica", agregó el diputado radical.
Fayad y Julio Tejerina, junto al presidente de la comisión de Legislación Penal, Dámaso Larraburu y el vice del bloque del PJ Miguel Angel Pichetto, el cavallista Alfredo Castañón, y su par Franco Caviglia, fueron los legisladores que diseñaron el nuevo proyecto parlamentario.
En tanto, el presidente del bloque radical Horacio Pernasetti, afirmó que "gracias a la colaboración de todos los bloques logramos el acuerdo que hoy vamos a votar" y recordó que el sistema de càmputos del "dos por uno que ahora se elimina es distinto del objetivo que había en 1994".
Por su parte, el justicialista Miguel Angel Pichetto dijo que esta decisión "no resuelve el problema de la inseguridad", pero es un avance para evitar que "reincindentes beneficiados por el dos por uno cometen delitos aberrantes".
