Ingresó al Congreso el proyecto de ley de Competitividad

El proyecto de ley de Competitividad, enviado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ingresó anoche a la Cámara de Diputados con la firma del titular del Palacio de Hacienda, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el presidente Fernando De la Rúa.

El proyecto promete generar una fuerte polémica en el Congreso, ya que en gran parte la propuesta respeta el pedido de facultades extraordinarias que el justicialismo rechazó de plano, como la posibilidad de modificar los regímenes laboral, previsional y de seguridad social. La iniciativa consta de 14 artículos en los que se desarrollan las medidas que Cavallo anunció esta tarde desde el Ministerio de Economía y con las que pretende sacar al país de la profunda crisis por la que atraviesa.

En conferencia de prensa, Cavallo explicó que el proyecto es una ley marco que delega facultades especiales al Poder Ejecutivo para remover todos los obstáculos que afectan la actividad productiva, incluyendo rebajas impositivas, en una iniciativa que se financiará con la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras. Esta delegación de funciones al Ejecutivo apunta además a una reestructuración del Estado, la eliminación de la excesiva burocracia y del despilfarro, el combate al contrabando y la simplificación y desregulación de las relaciones laborales, puntualizó el ministro.

"Con estos instrumentos vamos a producir de inmediato una recuperación de la competitividad", afirmó Cavallo durante el encuentro con la prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

Cavallo comenzó su disertación recordando que el martes se cumplieron 10 años de la presentación del proyecto de ley de Convertibilidad, que en siete días se convirtió en ley, y destacó que ahora se está presentando el proyecto de ley de Competitividad, el cual, afirmó, "apunta a crear un proceso sostenido de crecimiento". Destacó que esta ley marco posibilitará al Poder Ejecutivo "sacar al país de la recesión, que se ha transformado en depresión", y afirmó que alcanza a todos los sectores productores de bienes, pero que comenzará por los más perjudicados por la sobrevaluación del peso.

El proyecto de ley enviado al Congreso sostiene, en su artículo 10, que el pedido de facultades hecho por el Ejecutivo "se encuadra en el artículo 76 de la Constitución Nacional y estará sujeto a que no se aumente el gasto público consolidado a nivel nacional ni se creen otros impuestos".

Uno de los puntos que citados en el borrador de la propuesta solicita la concesión de facultades para "fomentar la creación de empleo mediante la modificación de la legislación laboral, previsional o de la asistencia social".

Además, el Ejecutivo reclama la delegación de potestades para "crear exenciones y bajar tasas impositivas, crear recursos con afectación específica a proyectos de infraestructura y derogar total o parcialmente normas legislativas que afecten la actividad económica, incluidos impuestos, tasas y contribuciones".

La delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo solicitará al Congreso incluye la posibilidad de "sujetar a los entes autárquicos, reparticiones descentralizadas y desconcentradas o a su personal a normas de derecho privado sin más limitaciones que las que determinen las necesidades de un mejor funcionamiento y eficacia".

Los siguientes son los puntos principales de las medidas anunciadas:

* Se prohibe el pago en efectivo en operaciones superiores a los 1.000 Pesos que en adelante deberán realizarse a través de cheques.

* Se crea un impuesto de una alícuota de hasta un 6 por mil para los depósitos y pagos con cheques, en una medida que regirá hasta el 31 de diciembre del 2002.

* Este impuesto podrá deducirse del pago de IVA y Ganancias.

* Con la recaudación de ese tributo se creará un Fondo de Emergencia Pública.

* Reduccción de las condiciones para la apertura de cuentas corrientes y se facilitarán mecanismos para rehabilitar las cerradas.

* Desgravaciones impositivas por sector industrial y regional para ayudar a la recuperación de la actividad productiva.

* Eliminación de impuestos sobre la importación de bienes de capital.

* Simplificación y desregulación de la legislación laboral y previsional.

* Aumento de los aranceles sobre bienes de consumo finales y baja en los bienes de capital.

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