En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en general una versión acotada del proyecto de ley de competitividad, que creará un impuesto del 0,6 % a las transferencias financieras en cuentas corrientes y obligará a operar con cheques para todas las operaciones superiores a los 1000 pesos.
A favor de la iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, votó casi la totalidad del bloque de la Alianza, el cavallismo, los partidos provinciales y algunos menemistas. Por el contrario, la mayor parte del bloque del PJ se opuso. El cuerpo pasó a debatir la iniciativa en particular y luego la girará al Senado.
Los bloques de la Alianza y del PJ frenaron parcialmente una parte de la iniciativa -será tratada en comisión- que prevé el otorgamiento de facultades especiales al Poder Ejecutivo por un año.
Cabe aclarar que los diputados sólo accedieron a ceder facultades especiales para reducir impuestos, crear exenciones tributarias y reformar la ley de ministerios. La mayoría de la Cámara se resistió a ceder poderes al Presidente, y por ende a Cavallo, con los que se podrían privatizar organismos, despedir empleados públicos y reformar los regímenes laboral, previsional y de obras sociales.
Un acuerdo político entre la Alianza y el justicialismo permitió destrabar en Diputados la sanción del proyecto de ley de competitividad que fue desglosado en dos partes, derivándose hasta la próxima semana la discusión sobre la cesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
El acuerdo celebrado entre la Alianza y el justicialismo fue el corolario de febriles negociaciones que se realizaron a lo largo de toda la jornada, para poder superar las diferencias que afloraron por las facultades especiales solicitadas por el gobierno nacional.
A la noche los bloques parlamentarios acordaron desdoblar la propuesta del gobierno y así votar hoy una iniciativa con los diez primeros artículos referidos a cambios impositivos, y postergar hasta el miércoles la discusión de otro proyecto que contendrá las facultades especiales que se le darán al gobierno.
Al iniciar la sesión, el diputado radical Jesús Rodríguez reseñó el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas en la reunión de Labor Parlamentaria y pidió una preferencia para debatir el próximo miércoles el proyecto referido a la delegación de facultades, con el respectivo despacho de comisión.
De este modo, la Cámara de Diputados votará hoy un proyecto que crea un impuesto del hasta un 6 por mil "a aplicar sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias" y prohíbe realizar operaciones comerciales en efectivo superiores a 1.000 pesos, con lo cual se apuntará a la bancarización del sistema.
El oficialismo también consiguió incorporar facultades para crear exenciones y disminuir tributos y tasas y modificar la ley de ministerios, y el justicialismo logró incluir un artículo para garantizar que se enviarán los fondos comprometidos por la Nación en el Pacto Fiscal.
Para poder consensuar una postura, la conducción de la Alianza debió resignar su postura de aprobar el proyecto original del Poder Ejecutivo, cuyos artículos once y doce no sólo habían generado el rechazo del justicialismo, sino de los frepasistas y diputados alfonsinistas.
La bancada del justicialismo cedió en su pretensión original, que consistía en condicionar el tratamiento del proyecto a que el oficialismo y sus aliados cavallistas y provinciales formaran quórum propio para participar de la deliberación.
Mientras se sucedían las negociaciones en el Congreso, en la Jefatura de Gabinete se procuraba redactar una nueva versión del artículo once, para evitar que se postergue por una semana la discusión de la delegación de facultades legislativas al gobierno, que ahora formará parte de otro proyecto.
El controvertido artículo habilita al gobierno a modificar la legislación laboral, previsional, de la seguridad social o de la asistencia social con el fin de "fomentar la creación de empleo" y producir una amplia reforma del Estado, con la modificación de la ley de Ministerios.
También pide potestad para "sujetar a los entes autárquicos, reparticiones descentralizadas, desconcentradas o a su personal, a normas de derecho privado, sin más limitaciones que las que determinen las necesidades de un mejor funcionamiento y eficacia en su gestión".
Si las negociaciones entre los partidos no eran fáciles tampoco lo era la discusión que se registraba en cada bancada parlamentaria, ya que existían fuertes controversias sobre la propuesta del ministro de Economía, Domingo Cavallo, que ingresó anoche en la Cámara de Diputados.
En la bancada del justicialismo las aguas se dividían entre los diputados que respondían a los gobernadores que eran proclives a acordar con el oficialismo, como Daniel Scioli, y aquellos de extracción sindical, como el caso de Alfredo Atanasof, que no querían dar quórum.
Mientras el menemista Daniel Scioli afirmó que "hay que apoyar a Cavallo porque nos va a sacar de la recesión económica y anímica en la que nos encontramos los argentinos", el sindicalista Atanasof indicó que "votar este proyecto es condenar a los trabajadores argentinos".
En el oficialismo las aguas también estaban divididas porque el Frepaso condicionó su respaldo a que no se incluyan las delegaciones especiales al gobierno, y los radicales tenían posturas diferentes, ya que algunos diputados querían votar el proyecto original mientras que los alfonsinistas tenían una postura similar al Frepaso.
Tampoco faltaron las visitas de los conducciones de la CGT oficial ni disidente para evitar que se aprueben las delegaciones especiales al gobierno, ni la protesta de los empleados legislativos por la posibilidad de que se eliminen los estatutos especiales.
