Es ley parte del proyecto pedido por Cavallo

El Senado convirtió a medianoche en ley el proyecto llamado de "competitividad", al aprobarlo en general y en particular. La iniciativa del Gobierno había sido aprobada apenas 24 horas antes por la Cámara de Diputados, y tiene como eje un impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes.

Paralelamente, ambas cámaras darían sanción este domingo a la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por un año, con la salvedad de que no podrá ser usada para producir despidos en la administración pública, rebajar salarios o producir privatizaciones.

La posibilidad de dar una rápida aprobación en el Parlamento a los artículos que restan tratar del proyecto de ley de Competitividad quedó posibilitada a partir de un acuerdo entre los bloques de la Cámara baja para trabajar sobre este tema durante el fin de semana y declarar en "sesión permanente" al cuerpo. En una conferencia de prensa ofrecida en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso por el presidente de la Cámara baja, Rafael Pascual, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el diputado radical declaró al cuerpo "en sesión permanente" a partir de este sábado.

"He resuelto convocar a esta Cámara en sesión permanente hasta que se aprueben las leyes que están en debate", aseveró Pascual, con lo que hizo alusión a los artículos de la Ley de Competitividad que hacen referencia a la delegación de facultades legislativas.

Si bien hasta el momento parte del propio bloque oficialista, el justicialismo y los partidos provinciales habían planteado objeciones al alcance de esta delegación de facultades, lo cierto es que las expresiones del ministro de Economía en el Salón de Pasos Perdidos parecieron dar por destrabado el conflicto.

"No va a haber ningún impedimento en poner una cláusula de esa naturaleza porque no hay ninguna intención de utilizar estas atribuciones para provocar despidos masivos o para bajar sueldos o jubilaciones; es cuestión de ponerse a redactar la cláusula", afirmó Cavallo en el marco de la conferencia. Distintas fuentes parlamentarias coincidieron en señalar que funcionarios y legisladores intentaban avanzar en distintas reuniones en una nueva redacción del artículo 11 del proyecto de ley de Competitividad que tantos resquemores generó en los últimos días en el Congreso. De este modo, podría existir un principio de acuerdo entre las bancadas de la Cámara alta y la baja para aceptar la delegación de facultades siempre y cuando sea dejada afuera explícitamente la posibilidad de producir despidos o reducir salarios de la administración pública o disponer privatizaciones.

Parte del consenso que se estaba comenzando a construir en el Congreso partía de la decisión de eliminar del proyecto original del Ejecutivo la posibilidad dos de los incisos más polémico en lo referido a la reforma del Estado. Es así que quedaría afuera del proyecto el punto que daba potestades al Ejecutivo para que, en nombre de un "mejor funcionamiento" o de la "eficacia" en la gestión pudiera transformar "total o parcialmente" en empresas a entes autárquicos, o a reparticiones descentralizadas o desconcentradas, o sujetar a su personal a "normas de derecho privado".

Pascual señaló que el presidente Fernando de la Rúa le había expresado su "beneplácito" por "esta actitud de la Cámara de Diputados, que comprendió cuál es la situación real del país y puso su esfuerzo para, a través de las herramientas legales que hacen falta, contribuir a la solución de los problemas".

Por su parte, Cavallo indicó que la delegación de facultades legislativas es necesaria para "dar seguridad jurídica y mejorar mucho la calidad de las normas" que el Ejecutivo pueda tomar para salir de la crisis, que según sostuvo "es lo que exige la hora".

"No están dando una delegación de funciones a ningún iluminado sino al presidente elegido por el pueblo, Fernando de la Rúa, quien tuvo la grandeza de invitar a participar en su gabinete a todas las fuerzas políticas", afirmó Cavallo, quien juzgó que con la convocatoria a sesión permanente el Congreso demostró "gran sentido de la responsabilidad".

De este modo, a partir de hoy los legisladores comenzarán a analizar informalmente en el Congreso el texto para la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo y, de acuerdo con lo previsto, el domingo por la tarde habría sesión primero en Diputados y, luego, en el Senado.

En cuanto al debate en el Senado, sus miembros comenzaron el debate mientras el riesgo país avanzaba por encima de los mil puntos básicos, circunstancia que ayudó a imprimir mayor celeridad al trámite de las prolongadas exposiciones del Senado. A esto se sumaron llamados directos al bloque radical tanto del presidente Fernando de la Rúa como del ex presidente Raúl Alfonsín.

Paralelamente, y con la presión directa del ministro Domingo Cavallo -siguió la sesión desde el Salón Rosado y no se fue hasta que su proyecto fue aprobado por 50 votos contra 6-, avanzaba una negociación para tratar este fin de semana la ley de los poderes especiales para el Gobierno, que podría salir finalmente con modificaciones .

Mientras se desarrollaban esas conversaciones entre funcionarios y legisladores, en el recinto del Senado se trataba el nuevo impuesto. El producido de ese gravamen será administrado por el Fondo de Emergencia Pública, que controlará el Poder Ejecutivo. Los recursos derivados del impuesto serán afectados a la preservación del crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía nacional.

La novedad más importante se produjo en el bloque del PJ, donde la iniciativa de muchos de sus integrantes de incorporar modificaciones al texto aprobado por Diputados (como la de extender el impuesto al cheque al sistema interbancario), varió totalmente con la decisión consensuada de votar la ley tal como llegó de la Cámara baja. Ocurrió que Gioja, luego de comunicarse telefónicamente con los 14 gobernadores peronistas y con el ex presidente Carlos Menem, recibió al unísono el mismo pedido: que el justicialismo, con su mayoría propia, votara la sanción de Diputados evitando toda dilación.

A esa altura de la situación, pesaba sobre los mandatarios peronistas la promesa de Cavallo de que les serían aseguradas, legalmente, las partidas de los fondos del tabaco y de la reducción del precio de los combustibles para la Patagonia. Esos subsidios estuvieron a punto de caer con el ajuste del ex ministro Ricardo López Murphy, como pudo suceder con los fondos del pacto fiscal de 1999.

Los senadores del PJ, inicialmente reacios a votar a libro cerrado, finalmente estrecharon filas y consensuaron una decisión política que tomaba en cuenta la responsabilidad de ser oposición y mayoría en esta Cámara. Y desde ese enfoque no querían ser culpados del aumento del riesgo país, que ayer anotó un verdadero récord. Los justicialistas parecían decir con esa decisión: ya tienen la ley, el resto lo tienen que hacer ustedes, que el Presidente la sancione el lunes y que Cavallo comience a recaudar cuanto antes.

La sesión de tablas se prolongó un poco más de lo esperado, incluido un minuto de silencio para recordar el golpe de Estado de 1976. Desde el comienzo, los justicialistas no perdieron la oportunidad de señalar la "incompetencia" de la Alianza para gobernar. El pampeano Carlos Verna destacó que el origen de la crisis es de naturaleza política. El autonomista José Romero Feris reclamó una compensación para su provincia por los montos que dejaría de percibir en relación con la coparticipación federal. El radical Leopoldo Moreau reivindicó al Congreso y la actividad política, y tuvo conceptos muy críticos para el Gobierno de la Alianza.

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