Un total de 153 legisladores votaron por la afirmativa y otros 81 por la negativa el capítulo de siete artículos de la Ley de Competitividad que remitió el titular del Palacio de Hacienda.

Las facultades reclamadas por Cavallo insumieron más de 12 horas de debate en la Cámara baja.

Cerca de las 10 de la mañana se aprobó en general el proyecto y se dispuso un cuarto intermedio para el sufragio en particular de cada uno de los siete artículos.

El proyecto será tratado desde el mediodía en el Senado.

Entre los cambios introducidos a la norma, se agregó al proyecto la facultad para gravar con Ganancias la compraventa de acciones y títulos públicos o privados. El mismo fue pedido por Domingo Cavallo, en medio de las tensas negociaciones finales. A través de esta ley, el Golbierno obtiene la facultad para fusionar organismos, transformar entidades públicas y desregular el mercado de capitales. Podrá, además, flexibilizar a los empleados de organismos y entes descentralizados.

No le dieron el mismo poder para el resto de los trabajadores de la administración pública. Cavallo podrá eliminar o crear exenciones a impuestos y financiar planes de infraestructura con nuevos tributos, pero no podrá privatizar la AFIP, Banco Nación o universidades.

Anoche después de horas de negociaciones -la sesión estaba prevista para las 14 y comenzó a las 21-, la Alianza consiguió el quórum con ayuda de cinco diputados justicialistas, los provinciales y el cavallismo. El Frepaso terminó con una fuerte división interna que provocó que doce de sus integrantes votaran en contra del proyecto. Desde el radicalismo, la chaqueña Elisa Carrió dijo: “Ahora vienen por la República”, y les recordó a los diputados que sigue vigente en la Constitución y el Código Penal “el delito de traición a la patria por delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional o provinciales, y que está penado con reclusión perpetua”.

La sesión comenzó poniendo la Cámara en comisión para tratar el proyecto, ya que éste no contó en ningún momento con dictamen. La defensa del proyecto corrió por cuenta del radical Raúl Baglini, alegando el estado de emergencia del país: “Aquí no hay ninguna facultad extraordinaria. Este presidente que controla el país no tiene ni mayorías parlamentarias ni puso el paladar en la Corte. La tempestad arrecia, por eso es necesario otorgar una cuota de confianza al capitán”.

Lo siguió el mendocino Carlos Balter: “Dada la gravedad de la crisis que afecta a nuestro pueblo, creemos necesario propiciar la sanción de una ley que respete escrupulosamente los principios republicanos”.

El tratamiento de la norma encontró dificultades incluso para reunir el quórum, que tuvo que ser negociado con el PJ y los partidos provinciales ante la resistencia de un amplio sector del Frepaso y algunos legisladores de la UCR que se negaban a aceptar el texto enviado por el Poder Ejecutivo.

Alentados por las dificultades del oficialismo por alcanzar el quórum, el PJ y los provinciales intentaban obtener nuevas modificaciones al texto del proyecto del Gobierno.

Según pasaron las horas, el texto fue recibiendo constantes modificaciones desde que, pasadas las 10, quedó redactada la versión que el Poder Ejecutivo pretendía que fuera la definitiva. Esto quedó concretado en un encuentro en el despacho de Pascual con la presencia del ministro Cavallo y sus colaboradores Horacio Liendo (h), y los negociadores del bloque de la Alianza, los frepasistas Darío Alessandro, presidente del bloque, y Rodolfo Rodil y los radicales Raúl Baglini y Jesús Rodríguez.

Sin embargo, el texto recién llegó a manos de las otras bancadas pasado el mediodía, lo que demoró el inicio de las reuniones de bloque que estaban previstas, en un principio, para las 10.

Esto abrió el capítulo de las discusiones hacia el interior de cada bloque. En el PJ, el texto generó un amplio abanico de reacciones.

Los más duros, en su mayoría los diputados de extracción sindical como Atanasof, Graciela Camaño, Gerardo Martínez y Oraldo Britos, a los que se sumó el pampeano Jorge Matzkin y Jorge Busti.

En el otro extremo se ubicaron los menemistas riojanos (Adrián Menem, Alejandra Oviedo, Ricardo Quintela) que junto con Daniel Scioli y varios ex gobernadores –como Puerta, Arturo Lafalla, Jorge Escobar–, se alinearon con la aprobación sin cuestionamientos a la iniciativa.

Igual comportamiento siguieron los diputados encolumnados con el gobernador Carlos Ruckauf, como el economista Jorge Remes Lenicov y los empresarios Claudio Sebastiani y Osvaldo Rial.

Como resultado del debate, el titular del bloque, Humberto Roggero, dejó en libertad de acción a los que se volcaron por el voto favorable a cambio de convencerlos de que sea la Alianza la que consiga el quórum para habilitar la sesión.

En el Frepaso, el debate fue tranquilo pero también con un alto grado de críticas hacia el proyecto del Ejecutivo. El grupo crítico de doce legisladores volvió a manifestar sus fuertes cuestionamientos al Gobierno y a la conveniencia de seguir en la Alianza.

La predica de ese sector consiguió algunas adhesiones más que anunciaron su rechazo al proyecto si el Ejecutivo no se avenía a aceptar que el artículo primero se discutiera inciso por inciso.

Esa masa crítica, de unos quince legisladores, aseguró que si no eran aceptadas sus pretensiones iban a votar negativamente la norma y no pensaban aportar a la conformación del quórum.

Esta posibilidad fue rechazada cerca de las 16.30 cuando Alessandro le transmitió, junto a Rodil y Marcos Makón, la decisión de su bancada (poder incorporar modificaciones durante el debate) a Pascual, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y Liendo.

A esto se sumó la rebelión de una veintena de legisladores radicales, en su mayoría bonaerenses, que también se resistían a aceptar el texto oficialista sin poder introducir modificaciones.

Las objeciones apuntaban a los incisos B y G de la iniciativa, que establecen las facultades al ministro de Economía para transformar entidades y reparticiones descentralizadas y autárquicas sin mayor limitación que su mejor funcionamiento y eficacia y la posibilidad de derogar normas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento de organismos. El mismo reclamo se escuchó en el Frepaso.

Puntos principales

Este es el detalle de proyecto del Poder Ejecutivo:

* Decidir la fusión o centralización de entes autárquicos, reparticiones descentralizadas o la descentralización de organismos. Esto significa que el gobierno podrá avanzar por decreto en la reforma de cualquier sector del Estado que no pertenezca a la administración central -Poder Ejecutivo, Congreso o Justicia-.

* No podrá avanzar en la privatización de empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales -Banco Nación, BICE o Banco Central-, la AFIP, los entes reguladores de servicios públicos, la participación del Estado en entes o empresas binacionales -por ejemplo, la represa de Yacyretá- y parques nacionales.

* Podrá transformar entes autárquicos y reparticiones descentralizadas en empresas o sociedades, sin más limitación que la necesidad de mejorar el funcionamiento y la eficacia en la gestión.

* Se sujeta al personal de los entes autárquicos y reparticiones descentralizadas al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que sus relaciones de trabajo con el Estado pasarán a ser regidas por el derecho laboral privado.

* A esos trabajadores se les garantiza estabilidad laboral por un año desde que queden sujetos a la ley de convenios colectivos.

* Durante ese plazo, el Estado y los empleados de entes y organismos descentralizados deberán negociar un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. De no llegar a un acuerdo, deberán someterse a arbitraje.

* El gobierno también estará facultado para «desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el control del sector».

* Puede modificar la ley de ministerios.

* Podrá afectar recursos o activos públicos que no tengan gravámenes en la actualidad para garantizar operaciones de deuda pública.

* Quedará facultado para derogar leyes o decretos ratificados por ley que regulen el funcionamiento de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales, mixtas o entidades públicas no estatales.

* Quedan excluidas las normas de control, penal o las que tutelen los intereses y derechos subjetivos de los administrados.

* En cuanto a la posibilidad de modificar tributos y exenciones, se incluirá:

* La facultad para crear o eliminar exenciones impositivas, salvo aquellas que afecten a productos de la canasta familiar o economías regionales. Este punto es uno de los cambios más importantes en el proyecto: hasta el viernes el Congreso estaba dispuesto a otorgar sólo la facultad para crear exenciones, pero no a eliminarlas.

* Podrá disminuir o suprimir impuestos y tasas para «mejorar la competitividad de los sectores». Autorizar la devolución, acreditación o compensación con otros impuestos de los saldos a favor que se registren en el IVA.

* Puede crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica para desarrollar proyectos de infraestructura.

* El gobierno estará facultado también para derogar leyes que perjudiquen la competitividad, con excepción de la leyes de Convertibilidad, los códigos Civil y de Comercio, materia penal, tributaria, laboral o previsional.

* El Congreso también fijó algunas condiciones: La delegación de facultades se realiza por un año, estará condicionada a que no aumente el gasto público, no se podrán producir despidos, ni disponer rebajas salariales o de jubilaciones.