La Cámara de Diputados volvió a entrar en un cuarto intermedio en su camino a aprobar en particular el proyecto que otorgará poderes especiales al Poder Ejecutivo, tal como lo pidió el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que le permitirá avanzar en una reforma del Estado y modificar gravámenes.
El debate se reinició anoche a las 22.30, luego de haberse trabado en la discusión sobre la estabilidad para los empleados estatales, que para la oposición deben ser de dos años y el borrador oficial limitaba a 12 meses "a partir del momento en que se modifique la naturaleza del vínculo laboral al que estaban sujetos". La oposición planteaba también que se mantuviera la ultractividad de los Convenios Colectivos de Trabajo, porque temían que el otorgamiento de poderes especiales pudiera provocar despidos masivos en la estructura estatal.
Por otra parte, el Frepaso logró que el proyecto negara expresamente la posibilidad de privatizar "parcial o totalmente" el Banco Nación y "acotar" las posibilidades de "derogar total o parcialmente aquellas normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento de organismos" públicos, tal como lo indica el inciso 6 del artículo 1.
La sesión fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados para las 18, pero su inicio se demoró ante la lenta llegada de los legisladores que permanecieron hasta las 13 en el recinto, y por la necesidad de ajustar el texto del conflictivo proyecto. Los legisladores habían conseguido aprobar solo el primer punto del proyecto de ley para otorgar facultades especiales al Poder Ejecutivo, previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, cuando se dispuso el cuarto intermedio hasta las 18.
Para esa decisión, influyeron las extenuantes horas de debate ininterrumpido -la sesión comenzó el viernes a las 21- y la ajustada luz de ventaja que obtuvo el oficialismo en la primera votación en particular: 108 a favor, 99 en contra y 2 abstenciones.
Se trata del punto que faculta al Poder Ejecutivo a producir la fusión o centralización de entes autárquicos y descentralizar reparticiones de la administración pública
Las diferentes bancadas parlamentarias acordaron realizar el debate en particular no sólo por artículo sino también por inciso, ante las posturas disímiles en cada una de las líneas del proyecto.
A las 10, el cuerpo presidido por el delarruista Rafael Pascual había conseguido aprobar el proyecto en general tras trece horas ininterrumpidas de sesión, con fuertes críticas por parte de los legisladores que se opusieron a la cesión de facultades extraordinarias.
El Gobierno consiguió el respaldo al proyecto de cesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 153 votos contra 81 sufragios en contra, que marcó en forma casi matemática la composición de la Alianza en el Gobierno.
El respaldo provino de radicales, la mayor parte del Frepaso, el cavallista Acción por la República, el interbloque de partidos provinciales y un sector del PJ identificado con Carlos Menem y con los principales gobernadores.
La sesión en que fue aprobado en general el texto no tuvo precedentes en cuanto a la gran cantidad de oradores que intervinieron en la maratónica reunión -más de 70 anotados de los cuales hablaron efectivamente 57- y por la gravedad institucional de las facultades que el Poder Legislativo cederá a un Gobierno constitucional, una vez que la iniciativa sea sancionada por el Senado.
En la aprobación en general del proyecto que otorga superpoderes reflejó en la Cámara de Diputados la nueva alianza política que se produjo en el gobierno de Fernando de la Rúa, luego de los drásticos cambios registrados en el gabinete.
Los diputados oficialistas del radicalismo y el Frepaso se unieron a los cavallistas de Acción por la República, a la mayoría de los representantes de los partidos provinciales y a varios justicialistas de extracción menemista (o en todo caso fieles al mandato de sus gobernadores), para ganar una votación que coronó más de doce horas de debate.
La Alianza gobernante sufrió la deserción de casi la mitad de los representantes del Frepaso, además de los radicales Elisa Carrió y Alfredo Cantero, que protagonizaron una claro acto de rebeldía en contra de las propuestas de Cavallo y de De la Rúa. Entre los 153 votos afirmativos que recibió el proyecto que delega facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, se contaron 98 de la Alianza (UCR, Frepaso, Renovador de Salta y Bloquismo de San Juan), 28 del Justicialismo, 13 de Acción por la República y 14 pertenecientes a partidos provinciales.
De los 81 votos en contra, 20 correspondieron a integrantes de la Alianza (15 Frepaso, 2 radicales y 3 del Socialismo Popular), 54 al peronismo, 4 al Socialismo Democrático y 3 a los partidos provinciales.
Entre los justicialistas contrarios al proyecto oficial se contaron el presidente de bloque Humberto Roggero, la esposa del ex gobernador bonaerense Hilda González de Duhalde, y José María Diáz Bancalari, también de la provincia de Buenos Aires, el pampeano Jorge Matzkin, el santafesino Oscar Lamberto, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner y el bonaerense Carlos Soria.
Entre los peronistas que acompañaron la propuesta estuvieron los bonaerenses Claudio Sebastiani, José Pampuro, Jorge Remes Lenicov, y Norma Godoy, el mendocino Arturo Lafalla, el riojano Adrián Menem, los porteños Miguel Angel Toma, Javier Mouriño y Daniel Scioli, el misionero Ramón Puerta y el rionegrino Miguel Angel Pichetto.
El grupo rebelde del Frepaso estuvo compuesto por María América González, Alfredo Villalba, Marcela Bordenave, Gustavo Cardesa, Alicia Castro, Gustavo Galland, Rubén Giustiniani, Federico Soñez y Eduardo Macaluse, entre otros. También votaron en contra los integrantes del bloque del Socialismo Democrático Héctor Polino, Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Oscar González.
Entre los representantes de los partidos provinciales que se opusieron a la iniciativa se contó el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, quien acompañó a la radical rebelde Elisa Carrió en su investigación sobre lavado de dinero.
