La ley que delega por el término de un año facultades legislativas en el Ejecutivo entrará en vigencia mañana, según anunció en el Congreso el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, quien agradeció a los legisladores la celeridad con que trataron el proyecto oficial.
Colombo adelantó lo que luego se confirmó en Casa de Gobierno: la firma de la promulgación de la flamante norma, por parte del presidente De la Rúa.
Acompañado por el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, Colombo mantuvo un breve encuentro con el titular del titular de la bancada del PJ, José Luis Gioja, quien le transmitió a los funcionarios el pedido del justicialismo de que se vete el artículo 8 del proyecto, que estipula la ratificación del decreto que pone en marcha el Plan de Infraestructura.
"En primer término, quiero remarcar que vine a agradecer al Senado de la Nación y al bloque del justicialista por la rápida sanción que tuvo la Ley de Competitividad, que será reafirmada hoy por el Poder Ejecutivo", expresó Colombo, apenas unas horas antes de que el presidente la firme.
El jefe de Gabinete agregó que "hemos venido a recoger algunas inquietudes, no de ahora, sino de cuando se aprobó la Ley de Infraestructura en Diputados y que oportunamente había manifestado el bloque justicialista del Senado".
"Vamos a recoger estas inquietudes para introducir modificaciones dentro del margen que nos dan las facultades delegadas", continuó.
Los puntos centrales del proyecto que se aprobó son los siguientes:
– El Congreso otorga determinadas facultades en materia de administrativas y emergencia pública por el término de un año.
– El ejercicio de las facultades delegadas no podrá provocar despidos y tampoco puede ser utilizada para disponer rebajas de salarios o haberes jubilatorios.
– Fusionar o descentralizar entes autárquicos, reparticiones descentralizadas o desconcentradas o la descentralización de organismos de la administración, pudiendo otorgarles autarquía.
– El gobierno podrá transformar entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, total o parcialmente, en empresas, sociedades u otras formas de organización jurídica, para mejorar su funcionamiento.
– No podrá privatizar empresas públicas, universidades, entidades, AFIP, entes reguladores de servicios públicos, Pami, la participación del Estado Nacional en entes y/o empresas binacionales y parques nacionales.
– Se ratifica los alcances del artículo 11 de la ley 25.413, aclarando que el mismo incluye a la Ciudad de Buenos Aires.
– Se mantiene la exención en el impuesto a las ganancias a la compra y venta de acciones, títulos y bonos, aunque fue incorporado este tributo a la base imponible de la ley que establece las actividades gravadas.
– Se desregula y mejora el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el debido control del sector. – Se permite derogar total o parcialmente normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento de organismos o entes de la administración descentralizada.
– Se permite crear y eliminar exenciones, excepto aquellas que beneficien los consumos que integren la canasta familiar, las economías regionales, cooperativas, asociaciones y obras sociales sindicales; y disminuir o suprimir tributos o tasas.
– Se autoriza a establecer medidas tributarias especiales en los departamentos provinciales cuya crisis laboral derive de la privatización de empresas públicas.
– Crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica para el desarrollo de proyecto de infraestructura.
– Una comisión bicameral integrada por las autoridades de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de ambas cámaras harán seguimiento de lo que haga el PEN con las facultades delegadas.
