La comisión bicameral que estudia la presunta responsabilidad del presidente del Banco Central, Pedro Pou en operaciones de lavado de dinero, resolvería recién la próxima semana aconsejar al Presidente de la Nación la destitución del funcionario.
Según lo establecido por la Carta Orgánica del Banco Central, para la remoción del titular de la entidad es necesario que una comisión legislativa emita un dictamen que aconseje el alejamiento del cargo o no del funcionario al Presidente de la Nación, aunque el carácter de la conclusión legislativa no es vinculante.
Este dictamen sería firmado por la comisión que encabeza el senador misionero Mario Losada (UCR-Misiones) entre el lunes 17 y el viernes 20 de abril, tras casi dos meses de un análisis que comenzó el 20 de febrero.
La comisión se volverá a reunir este martes a las 13, después de tres semanas de inactividad y acelerará la firma del dictamen en contra de la continuidad de Pou, al contar con los últimos elementos, enviados por la Justicia la semana pasada. Además, un nuevo factor alienta a los legisladores a aconsejar la remoción del presidente del Banco Central: las declaraciones del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el sentido de que Pou es uno de los responsables de la recesión que hay en el país.
Al respecto, el diputado radical Víctor Peláez estimó que el ministro de Economía, podría buscar "desprenderse" del titular del Banco Central Pedro Pou para colocar "a una persona de su confianza" al frente de la autoridad monetaria.
El legislador, quien integra la comisión bicameral que analiza la gestión de Pou, reiteró que los dictámenes acerca del funcionario son "negativos" y que serán dados a conocer en dos semanas. Peláez explicó que la difusión del informe final de la comisión bicameral se retrasó debido a que su par Raúl Baglini debió desempeñarse como miembro informante del oficialismo durante el tratamiento de la Ley de Competitividad.
Pero esos no son los únicos embates contra Pou. También desde la oposición hubo críticas, en particular por parte del diputado Mario Cafiero (PJ-Buenos Aires), quien encaró el problema desde tres perspectivas una de los cuales es la presentación de su proyecto de Ley Antiusura, el cual fue convalidado por varios integrantes de su bancada como Eduardo Di Cola (PJ-Córdoba), José María Díaz Bancalari (PJ-Buenos Aires) y Jorge Busti (PJ-Entre Ríos), entre otros y por el socialista Héctor Cavallero (PPS-Santa Fe).
Los otros dos cuestionamientos exceden al BCRA y a su presidente Pedro Pou y alcanzan al secretario de Financiamiento, Daniel Marx en razón de algunas operaciones realizadas en los últimos tiempos, incluyendo el canje de bonos correspondiente a la pasada gestión de José Luis Machinea sobre el que pesa una denuncia ante la Auditoría General de la Nación (AGN).
El tema del canje de bonos está siendo analizado en la AGN por el ex diputado Mario Fadel (Frepaso-Catamarca), tema por el que Cafiero se entrevistó días atrás con el presidente del organismo, el menemista Rodolfo Barra, a lo que sumó una visita al titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Rafael Bielsa, quien también analiza posibles irregularidades en la materia. Pero el mayor planteo tiene que ver con la operación de colocación del Bono Global a 30 años el pasado 27 de marzo, a la que Cafiero calificó como "escandalosa", por la que se pagaron 607,5 millones de pesos de intereses, 202,5 más de los que hubiera pagado México, cuando Cavallo, el mismo día, calificó de "ruinosa" la colocación de Letes por la que se abonaron 6,6 millones de interés, 2,8 más de la tasa cobrada al mismo México.
A su vez, el frepasista Alejandro Peyrou coincidió con Cavallo en que las políticas del titular del BCRA han profundizado la recesión, ya que "mantuvo artificialmente altas las tasas de interés perjudicando al Tesoro Nacional y a las empresas locales".
Además, indicó el legislador frepasista, "la política de supervisión de entidades financieras, dirigida por Pou, ha sido profundamente arbitraria y ha generado ganancias injustificadas a una parte del sector financiero además de un importante daño patrimonial al Estado", puntualizando que "éstos fueron los casos de los bancos Patricios, Mayo y República".
Otro que se sumó a los cuestionamientos fue Cavallero, quien apuntó contra Pou por permitir a los bancos que violen la reciente ley del impuesto al cheque al cobrar el cinco por mil del valor de los mismos cuando son depositados en cajas de ahorro en concepto de "gestión de cobranza".
"Esta decisión tiene una clara actitud de malicia manifiesta", manifestó el ex intendente de Rosario, quien aclaró que "las cajas de ahorro fueron expresamente excluídas de la aplicación del impuesto" durante el debate que se desarrolló en la Cámara de Diputados y cuyo resultado fue ratificado por el Senado.
Las declaraciones de Cavallo también provocaron la reacción en la Cámara baja de legisladores como Margarita Stolbizer (UCR-Buenos Aires), autora de diversas denuncias judiciales contra el presidente del BCRA, una de ellas en coincidencia con lo expresado por Castellani sobre la no reglamentación de una refinanciación de pasivos votada por el parlamento.
Stolbizer insiste en la destitución de Pou, tema que, por otra parte, motoriza la acción de una comisión especial integrada por varios diputados y senadores radicales y por el senador opositor Carlos Verna (PJ-La Pampa), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.