Por tal motivo, las diputadas frepasistas María América González y Marcela Bordenave, junto al radical Eduardo Santín, y Guillermo Alchouron, de Acción por la República, se reunieron en la víspera con el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino. En el encuentro, que se extendió entre las 16:30 y las 17:30, "se procuró establecer una serie de coincidencias" para que cuando el proyecto de ley llegue a la Comisión de Previsión y Seguridad de la Cámara baja "se convoque a un foro de debate de todos los sectores" interesados en la iniciativa.

La intención de los frepasistas es rechazar "no solo en el fondo de la cuestión, sino también en su forma" el decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa a fines de diciembre del 2000, según expresó la diputada González, quien señaló además que en un encuentro que mantuvieron con Bullrich el jueves último, la funcionaria habría reconocido que la voluntad del Gobierno es "suspender la entrada en vigencia del decreto 1306 y llamar a un consenso entre todos los partidos".

Según informaron testigos de la reunión, González y Bordenave plantearon al inicio del diálogo "hablar sobre un proyecto de ley consensuado y no sobre un decreto" y abandonaron la sede laboral con la promesa del gobierno de dictar un decreto que derogue el vigente. De todos modos, una medida de no innovar interpuesta por la justicia impide la aplicación del decreto que establece la disminución paulatina de la PBU desde los haberes de 300 pesos, hasta desaparecer a partir de los 800 pesos y la elevación a 65 años la edad jubilatoria de la mujer, entre otros puntos.

Durante casi dos horas, el representante de la ministra Patricia Bullrich, los legisladores, el representante de la Superintendencia de Salud, Francisco Astelarra, y asesores ministeriales acordaron el temario que se va a discutir en una ronda de reuniones que comenzarán el próximo miércoles.

"Había cosas que planteábamos antes y que a ellos les parecían una herejía", expresó la frepasista Bordenave, que señaló además que la intención inicial del Ejecutivo de elevar a 65 años la edad jubilatoria de la mujer quedó definitivamente descartada.

En tanto, quedarían aún por resolver materias tales como la modificación de la Prestación Básica Universal y el régimen de elección de sistema de los aportantes.