La norma sancionada establece un programa de nacional de salud sexual y procreación responsable de largo alcance, ya que garantiza la educación y el acceso a la información con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, prevenir y detectar en forma precoz enfermedades de transmisión sexual como el Sida. También apunta a potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

En ese contexto es que permite que, a demanda de los beneficiarios, los servicios de salud podrán prescribir y suministrar métodos anticonceptivos, siempre que no sean abortivos y que tengan carácter reversible.

El proyecto fue aprobado por una amplia mayoría y sólo fue rechazado por un pequeño grupo de legisladores de partidos provinciales -Liberal de Corrientes y Fuerza Republicana-, y del justicialismo, como el bonaerense Mario Cafiero que fue uno de los más críticos a la sanción de la norma, y expresó la oposición de la Iglesia.

La iniciativa cosechó el voto favorable de aliancistas, algunos provinciales y justicialistas, en tanto que fue rechazada por Fuerza Republicana, el Partido Liberal de Corrientes y los peronistas Mario Cafiero, Guillermo De Sanctis, Rita Drisaldi, Jorge Obeid y Olijela del Valle Rivas.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto estuvo centrado en el artículo seis, que establece que "a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos se deberá prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos no abortivos que deberán ser de carácter reversible, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios".

Por otro lado, la iniciativa determina la obligatoriedad de brindar "controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido" tanto para el caso de los hospitales públicos como para los servicios de salud ofrecidos por obras sociales y sistemas privados. También se especificó que se eximirá de aplicar el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable a los colegios y sanatorios confesionales.

El fuego del debate lo abrió la presidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, la radical Cristina Guevara, quien aseguró que estas leyes "promueven la vida porque ninguna de las mujeres en este país quiere pasar por una situación de aborto" y aseguró que apunta a las personas más humildes para que puedan "tener acceso a la educación".

"No queremos tener estas cifras de abortos de 500.000 mil por año y por eso apostamos a la información y a la prevención", agregó.

En tanto, el radical Víctor Peláez planteó que es necesario contar con una ley que "brinde asistencia" a los más pobres para que puedan decidir "responsablemente su procreación", porque este es un proyecto para "Ciudad Oculta y no para el Patio Bullrich y la Recoleta", ya que los ricos se pueden colocar un "diu".

La frepasista Bárbara Espíndola, quien tuvo una activa participación para consensuar el proyecto, aseguró que esta iniciativa "viene a remediar una situación de desigualdad" y es un desafío para el Estado "a ser efectivo en el cumplimiento de los derechos constitucionales de acceso a la salud reproductiva".

Su colega Silvia Martínez aseguró que "es una ley por la vida" y "no es natalista ni antinalista" y destacó que también juntamente con este dictamen, otro modifica la ley que regula la actividad médica para "contemplar los casos de objeción de conciencia".

Uno de los tramos más ásperos de la sesión fue cuando mantuvieron un duro intercambio de acusaciones los bussistas de Fuerza Republicana, Roberto Lix Klet y Ricardo Bussi, con la presidenta del flamente bloque de diputados del ARI, Elisa Carrió, quien disparó duros dardos contra el jefe de ese partido, Antonio Bussi.