Según explicó el radical Jorge Agúndez, presidente de la comisión de Asuntos Penales y Regimenes Carcelarios, "se coincidió en la necesidad de derogar el 'dos por uno' por tratarse, a más de seis años de vigencia de la ley, de un cómputo irrazonable y que provoca desigualdades manifiestas". El proyecto votado por el Senado deroga el sistema, mantiene el plazo de dos años y uno de prórroga para que el juez pueda emitir sentencia desde el dictado de la prisión preventiva y establecer un mecanismo de control para evitar la morosidad judicial.

Sobre los plazos judiciales, el texto fija que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia, con la posibilidad de prorrogarse un año, por resolución fundada, y con una comunicación inmediata al tribunal superior.

En el proyecto, de sólo dos artículos, también se prevé que en su función de contralor este tribunal superior deberá expedirse sobre el caso en cuestión dentro del plazo de diez días respecto de su procedencia. Luego se establece que cada dos meses y hasta el vencimiento de la prórroga, este tribunal de alzada controlará la razonabilidad del mantenimiento de la prisión preventiva y, si resultase injustificado, le ordenará al inferior la inmediata aplicación de las disposiciones de la presente ley.

En la principal modificación con referencia a lo aprobado el 14 de marzo por la Cámara baja se eliminó un sistema de control que habilitaba al Consejo de la Magistratura para recibir un informe de cada juez explicando los motivos por los cuales no emitió sentencia, tras haber pasado dos años de prisión preventiva, y confeccionar un registro de los procesados.

La propuesta fue votada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo pasado pero al llegar al Senado se le introdujeron una serie de modificaciones que obligan a un nuevo tratamiento.