La sesión de la víspera se prolongó más de lo previsto, por cuanto arrancó recién después de las 18, y tras seis horas de debate se aprobó en general, por 31 votos contra 18, la disolución del citado tribunal. En la madrugada se continuó discutiendo el proyecto artículo por artículo, quedando para el jueves el análisis de las otras dos iniciativas referidas a las velocidades de circulación y el costo de las multas quedarán para ser tratadas el jueves.

Los actuales jueces de faltas serán reemplazados por la Oficina de Verificación Administrativa de Faltas, un cuerpo de 50 abogados que tendrá la facultad de determinar la validez de las multas y de fijar los montos dentro de la escala estipulada por la ley.

Esta oficina, según establece el texto, actuará como una "instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires".

Estos abogados serán los encargados de escuchar el primer descargo del infractor, quien tendrá cinco días para acatar la decisión del verificador o, en caso de no estar conforme, apelar una instancia en la nueva Justicia Contravencional y de Faltas, actualmente en formación.

Los abogados serán nombrados mediante un "sistema de selección objetiva con intervención de veedores externos" que implementará la Secretaría de Gobierno de la ciudad, situación criticada por algunos diputados, quienes exigieron que sean nombrados por concurso.

De aprobarse el proyecto, los vencimiento de las actas de infracción que están en trámite se suspenderán por 30 días, con una posible prórroga de 15 días más y, durante ese período, quienes decidan adherirse al pago voluntario sólo abonarán el 50 por ciento del monto y no el 60 como hasta ahora.

El proyecto además dispone que "cesen en sus funciones" los jueces de primera y segunda instancia de la ex Justicia Municipal de Faltas, que podrán optar por recibir una indemnización o ser reasignados para otra función dentro de la administración del Gobierno porteño.