El cuerpo votó una redacción corregida en el mismo recinto tras un prolongado debate alrededor del dictamen elaborado por las comisiones de Comunicaciones e Informática, Asuntos Constitucionales y Defensa del consumidor sobre la base de una iniciativa del diputado Héctor Cavallero (PPS-Santa Fe).

La norma, tal como fuera votada, autoriza a los municipios y comunas de todas las provincias a cobrar hasta un dos por ciento cuando se trate del espacio aéreo y hasta un uno por ciento cuando las empresas utilicen el subsuelo de los mismos para sus respectivos cableados.

Según la iniciativa, cuyo tratamiento en particular quedó postergada para la semana próxima, el tributo podrá ser de hasta el 2 por ciento del monto de la facturación anual bruta para el caso del uso del espacio aéreo.

En tanto, para aquellos tendidos de red física realizados en forma subterránea, el gravamen que se podrá aplicar será de hasta el 1 por ciento de la facturación bruta anual.

El proyecto fue defendido desde diferentes bancadas como una reivindicación de la autonomía de las municipalidades consagrada en la Constitución Nacional tras la reforma de 1994. Así lo destacó el socialista popular Rubén Giustiniani (Santa Fe), quien destacó que con esta iniciativa "se termina con un privilegio flagrante", en relación a que las telefónicas no pagan a los municipios por el uso de sus espacios de dominio público.

"Esta es una herencia de la época en la que ENTEL era quien brindaba esos servicios que ahora están en manos de empresas privatizadas, que no pueden seguir gozando de ese privilegio", agregó Giustiniani.

Sin embargo, el proyecto también generó un fuerte disputa en cuanto al peligro latente de que el canon pueda ser trasladado a los usuarios por las empresas afectadas. La objeción fue planteada por el socialista democrático Héctor Polino (Capital), la sanción de la norma impulsada por la Federación Argentina Municipalidades terminaría afectando a las cooperativas que presten servicios de telefonía, y no a las grandes empresas como Telefónica y Telecom.

Es que, según Polino, esas empresas concesionarias del servicio que prestaba la ex Entel tienen una cláusula que las autoriza a trasladar al consumidor cualquier incremento o reducción impositiva. Y esa disposición estaría por encima de la disposición del proyecto debatido esta tarde, en la que se deja expresa constancia de que "la empresas que presten servicios de telefonía básica local no podrán trasladar a los usuarios el pago del derecho de ocupación del dominio público que cobren las municipalidades o comunas".

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que declara Sitio Histórico Nacional y Tumba de Guerra a los restos del Crucero General Belgrano y de los 323 tripulantes que reposan en la zona exclusiva, tras su hundimiento, el 2 de mayo de 1982.

Los diputados aprobaron esta iniciativa en una emotiva sesión que contó con la participación de los jefes del Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo, y de la Armada, Joaquín Stella, familiares de las víctimas y sobrevivientes de esa tragedia en la guerra de Malvinas.

Posteriormente, en el recinto de deliberaciones se entregaron diplomas, luego de un discurso que pronunció Stella, quien destacó "el sincero gesto patriótico" de la Camara de Diputados de haber preparado este homenaje a los "heroicos" tripulantes de la nave.