Los gobernadores justicialistas condicionaron su respaldo a una nueva ley enviada por el gobierno y que utilizaría los fondos de coparticipación como garantía para el pago de la deuda pública, a que sean saldados los compromisos asumidos por el Ejecutivo Nacional con las provincias que ascienden a varios millones de dólares.
En una reunión mantenida durante varias horas en el edificio del Consejo Federal de Inversiones, gobernadores, ministros de Economía provinciales y algunos legisladores se negaron a discutir el anteproyecto de Ley de Crédito Público, argumentando que no lo habían visto nunca y que había "compromisos más importantes que saldar primero". Sin embargo, los mandatarios conocían los términos del proyecto, pero condicionaron su apoyo a que el Estado salde los 250 millones de deuda que mantiene en fondos sociales y que se ponga al día con la coparticipación.
"La falta de cumplimiento (…) y la mora en la remisión de los recursos de coparticipación genera un desfinanciamiento tal que pone en peligro la paz social y la gobernabilidad", advirtieron a coro los mandatarios.
De todos modos, los mandatarios justicialistas decidieron declararse en "estado deliberativo permanente" y conformaron una comisión con legisladores y ministros partidarios para negociar con funcionarios del Ministerio de Economía -entre ellos el creador del proyecto, Horacio Liendo- las condiciones bajo las cuales apoyarán el ambicioso plan de Cavallo. La totalidad de los gobernadores prefirió no retornar a sus provincias en el entendimiento que "se avecinan horas de definiciones".
Para hoy a las 10, en tanto, agendaron un encuentro de sus ministros de Economía, también en las instalaciones del CFI, para seguir debatiendo los aspectos técnicos de la iniciativa oficial, y lanzaron una advertencia de tenor político: "Si quieren nuestro apoyo, que primero disciplinen a su gente en la Cámara de Diputados".
Es que los gobernadores opositores consideran -según relataron varios de los participantes del encuentro- como un "riesgo político" a la posibilidad de que el PJ vote el proyecto de crédito público en el Senado y que la Alianza lo rechace en Diputados, donde el bloque oficialista hasta ahora se manifiesta reacio a la propuesta de Cavallo.
Mientras tanto, diputados de todas las bancadas cuestionaron los canjes de deuda externa realizados por el Poder Ejecutivo Nacional y pusieron en duda la conveniencia del próximo, durante una reunión secreta realizada en plenario por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.
Las mayores objeciones corrieron por cuenta del diputado Mario Cafiero (PJ-Buenos Aires), quien a pesar de no ser miembro de ninguna de las dos comisiones mencionadas, logró como éxito personal la instalación del debate sobre el tema en la Cámara baja luego de muchos años. A los cuestionamientos de Cafiero se sumaron, entre otros, aunque sin tanto énfasis, otros legisladores como Beatríz Nofal (UCR-Capital Federal), Alejandro Peyrou (Frepaso-Buenos Aires), Héctor Romero (UCR-Chaco), Jorge Matzkin (PJ-La Pampa) y Gustavo Galland (Frepaso-Buenos Aires).
Este último, precisamente, fue el único que votó contra la propuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Raúl Baglini (UCR-Mendoza), de convertir la sesión en secreta, haciendo retirar de la sala al periodismo, a lo que también se opuso Cafiero, pero sin poder votar por el hecho de no integrar dichas comisiones.
La exposición sobre los canjes anteriores y, particularmente, sobre el megacanje que se anuncia, estuvieron a cargo del secretario de Finanzas, Daniel Marx, quién concurrió en compañía del subsecretario de Financiamiento, Julio Dreizzen, y del asesor Roberto Mori.
