La Comisión Especial de Lavado de Dinero sólo sesionará con la exclusiva presencia de sus integrantes, estará autorizada a pedir informes al exterior y deberá tener el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros para requerir al juez un allanamiento, secuestro de documentación o intervención telefónica.
Estas disposiciones están contenidas en el reglamento aprobado ayer por la comisión parlamentaria, que indagará sobre el mecanismo utilizado para blanquear el dinero provenientes de ilícitos, como el narcotráfico, la corrupción administrativa, y el tráfico de armas, entre otros.
El Reglamento dispone que "dada la índole que desarrollará la Comisión, la misma sesionará regularmente con la exclusiva presencia de sus integrantes, y las sustituciones de sus miembros deberá ser materia de expreso pronunciamiento por parte del presidente de la Cámara".
Paralelamente, se decidió que la comisión comience entre el martes y el jueves a abrir las cajas con la documentación de la investigación realizada por el Senado de Estados Unidos y a elaborar los primeros pedidos de informes sobre operaciones sospechosas.
El encuentro -que se realizó en Riombamba 71- fue encabezado por la presidente de la comisión, la radical disidente Elisa Carrió, y participaron el vice Gustavo Gutierrez, los aliancistas José Vitar, Graciela Ocaña, Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer, los justicialistas Cristina Kirchner, Carlos Soria y Daniel Scioli y el cavallista Franco Caviglia.
Carrió anunció que el martes habrá una sesión especial a las 10.30 y adelanó que si para entonces "están solucionados" los problemas de infraestructura se procederá a la apertura de las cajas con la información de la investigación realizado en Estados Unidos y, si no, esa tarea "se hará el jueves".
Por otra parte, Carrió denunció que "hay sectores que están amendrentando" y amenazando a fin de parar la investigación, pero señaló que "no lograrán su objetivo" y se "llegará a la verdad". La diputada aseguró que hay sectores que "están amendrentando para parar la investigación", pero advirtió que "no lo van a lograr" y se podrá avanzar en la tarea de la comisión para detectar las maniobras de lavado de dinero. En tal sentido comentó que hace tiempo que "tengo amenazas y ahora han amenazado a terceros. Yo estoy tranquila, yo tengo un buen socio que es Dios y la oración con lo cual a mi no me va a pasar nada, pero lo que pasa es que quieren amedrentar a otras personas", y agregó luego que "en su momento denuncié escuchas telefónicas y todo el mundo sabe que estoy absolutamente interceptada, y por eso hubo gente de la Universidad Tecnológica que ofreció ayudarme y ahora es amenazada".
En otro orden, una escribana mendocina entregó al Senado de Mendoza documentación confidencial elaborada por una consultora vinculada con el ex banquero Raúl Moneta, cuyo contenido denuncia a los diputados nacionales demócratas Carlos Balter y Gustavo Gutiérrez.
Para el titular del bloque de senadores demócratas, Marcos Niven, la documentación presentada por la escribana mendocina Mónica Ramón Peña "tienen por objetivo desacreditar a quienes investigan en el Congreso el lavado de dinero". Según Niven, detrás de esta documentación "carente de credibilidad está la figura de Raúl Moneta".
El legislador demócrata advirtió que "las documentación no ingresó por mesa de entrada a la Cámara del Senado, como debe hacerse, sino que fue entregada como cualquier presentación que puede hacer un ciudadano común ante el Parlamento". Por último, el juez Juan José Galeano ordenó una serie de medidas procesales destinadas a evaluar si las cuentas bancarias mencionadas en el informe que envió el Senado nortemericano, involucran operaciones de lavado de dinero o enriquecimiento injustificado.
El magistrado solicitó al Departamento Delitos Complejos de la Policía Federal la confección de un listado con las identidades de los titulares de más de 100 mil operaciones bancarias archivadas en las ocho cajas que envió el Senado norteamericano.
La medida ordenada por Galeano permitirá "rastrear" y "entrecruzar la información" con otros datos que se pueden colectar de organismos oficiales, para lo cual solicitó la colaboración de expertos de la Corte Suprema y la AFIP.
