En un rápido trámite la Cámara de Diputados convirtió en ley el instituto de la consulta popular vinculante y no vinculante, establecida en la reforma constitucional de 1994 y que se encontraba sin reglamentación desde esa fecha. Asimismo aprobó y giró en segunda revisión al Senado el proyecto de ley del libro, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de esta industria con el otorgamiento de algunos beneficios impositivos.
El proyecto de la consulta popular permitirá al Congreso someter a consulta popular vinculante, a iniciativa de la Cámara baja, todo proyecto de ley con excepción de aquello cuyos procedimientos de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional.
La ley de convocatoria popular deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las cámaras.
La norma establece que en toda consulta popular vinculante el voto será obligatorio para la ciudadanía y que será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del 35 por ciento de los habitantes inscriptos en el padrón electoral nacional.
La reglamentación de la Consulta Popular recorrió un largo tramo parlamentario, que incluyó que se trabara en Diputados por la pelea entre el duhaldismo y el menemismo, ante la perspectiva de que se utilizara este mecanismo para promover una nueva reforma constitucional para habilitar una segunda reelección del entonces presidente Carlos Menem. Al producirse el recambio institucional a fines de 1999, el Senado destrabó su discusión y en septiembre de 2000 dio media sanción a una iniciativa que ahora, superadas algunas disidencias planteadas por el radical José Dumón, fue convertida en ley.
No podrán ser sometidos a consulta popular los tratados sobre derechos humanos incorporados a la Constitución, coparticipación, asignaciones específicas de impuestos coparticipables, decretos de necesidad y urgencia, régimen electoral y reforma constitucional.
Paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que exime del pago del IVA a la producción y comercialización del libro en todas sus etapas. En un rápido debate, la Cámara baja le introdujo una serie de modificaciones que obligarán al proyecto a retornar a la Cámara alta para una segunda revisión al texto remitido por ese cuerpo el 19 de abril último.
La iniciativa en debate fue impulsada por el titular de la Comisión de Cultura del Senado, el peronista Carlos De la Rosa, y establece además que el editor poseerá sobre el libro publicado un derecho de propiedad intelectual diferente y autónomo del derecho de los autores de obras publicadas. Su derecho abarcará la diagramación, composición tipográfica, diseño, digitalización y otras expresiones originales que constituyan la edición.
