La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe al Gobierno nacional "contratar publicidad paga" por el término de un año, y dispone que el ahorro producido sea utilizado para un fondo de desempleo a jefe de familia.
"Se prohíbe la contratación de publicidad paga en cualquier medio de comunicación o difusión por parte del Estado nacional, entes descentralizados, sociedad de capitales mayoritarios y cualquier entidad que dependa del Tesoro nacional", señala el primer artículo de la norma. De acuerdo al texto que tiene media sanción del Congreso, la prohibición es por el término de un año "a partir de la promulgación de la ley" y lleva la firma del presidente del bloque Alianza Darío Alessandro, y sus pares del PJ, Humberto Roggero y de Acción por la República, Marcelo Dragan, y del provincial Pedro Salvatori. También firman el texto los presidentes del bloque Fuerza Republicana, Roberto Lix Klett; del Partido Demócrata de Mendoza, Jorge Zapata Mercader; y del Partido Nuevo, Catalina Medina Lareau.
El dinero que se ahorrará en publicidad -que oscila, según fuentes parlamentarias, de 500 millones a 700 millones de pesos- deberá ser destinado "en forma exclusiva" a la creación de un subsidio para padres o madres jefas de familia desocupadas, que no sean en la actualidad beneficiarios de otra ayuda del Estado.
La aprobación del proyecto fue producto de un acuerdo entre los presidentes de los bloques, y aparece cuando existe un fuerte debate sobre el gasto en la política y en medio de la discusión que afloró con la decisión de los senadores de cobrar un medio aguinaldo. Según se dijo, los diputados aspiran a que esta señal de la Cámara de Diputados se convierta en un ejemplo a seguir por el resto de las provincias y municipales, y acepten la invitación de este cuerpo legislativa de adherir a esta ley.
A ese objetivo parecen apuntar cuando señalan, en los fundamentos, que "interpretando la sensibilidad de los gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e intendentes, es que se invita a estas jurisdicciones a adherir al presente proyecto de ley".
El nivel de acuerdo pudo comprobarse en el hecho singular de que el proyecto se haya votado sin debate, tras la propuesta del justicialista Arnoldo Valdovinos. La iniciativa está firmada por los presidentes de los bloques de la Alianza, Darío Alessandro y Horacio Pernasetti, y del PJ, Humberto Roggero. Esta iniciativa no se aplicará en que aquellos casos que la publicidad sea indispensable o existan expresas disposiciones en leyes en vigencia, como puede ser el llamado a una licitación, de un plan de salud, o para los vencimientos de la AFIP. También dispone que "a partir de la promulgación de la presente ley queda resuelta en forma automática cualquier contratación".
El presidente del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, defendió la iniciativa de restringir los gastos de publicidad del Estado y afirmó que la medida "puede ser redituable para el presidente" Fernando de la Rúa. "Este proyecto está en línea con lo que dice el propio presidente de la austeridad", afirmó Alessandro poco después de que se diera media sanción al proyecto de ley para prohibir la publicidad oficial por el término de un año, excepto la prevista por legislación.
Alessandro señaló que el proyecto "tiene como objetivo mostrar que la política tiene que producir un cambio en una situación de crisis y que el esfuerzo lo hacen los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y comunales para destinar los fondos a programas sociales".
En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto de ley para restituir los reembolsos para los productos de mar de las provincias exportados por puertos de la Patagonia.
La iniciativa es un viejo reclamo de las provincias del sur que vieron anuladas en 1996 ese beneficio impositivo, que recibió duros reparos de diputados de otros distritos que no comparten esta restitución para la Patagonia, como los bahienses de la UCR Juan Pablo Baylac, y el justicialista Dámaso Larraburu.
El proyecto aprobado establece que podrán cobrar reembolsos a la exportación aquellos productos originarios de mar, "sea éste territorial o no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como zona de económica de exclusión".
