Sancionó Diputados el proyecto que otorga mayores facultades a la Policía

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que amplía las facultades de la Policía para que pueda hacer preguntas esenciales a un sospecho en el lugar de los acontecimientos para orientar la investigación y requisar sus pertenencias.

Los diputados votaron esta iniciativa para otorgar nuevas herramientas procesales a la Policía, a fin de poder luchar con mayor énfasis en la prevención de delito, ante el rebrote de la ola de violencia sucedido en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara considera el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y los proyectos de ley de los diputados Dámaso Larraburu (PJ) y del diputado Angel Pichetto para modificaciones al artículo 184 del Código. El gobierno nacional saludó con beneplácito la aprobación de la iniciativa y el presidente Fernando De la Rúa aseguró que responde a las demandas de mayor seguridad por parte de la población.

Dentro de las modificaciones se determinó que la Policía Federal tendrá, entre otras atribuciones, la de recibir denuncias; interrogar a los testigos y "aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación" por un término "máximo de 10 Horas que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial". También se faculta a que "en los delitos de acción pública podrá interrogar al sospechoso en el lugar del hecho sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones".

El proyecto fue sancionado con una amplia mayoría con el voto favorable de la Alianza, el justicialismo, el cavallismo y partidos provinciales, y fue rechazo por el Frente para el Cambio, el ARI y el socialista popular disidente Gustavo Galland.

La sanción del proyecto de ley para restituir algunas atribuciones a la Policía demandó una larga y laboriosa negociación entre los secretarios de Justicia, Melchor Cruchaga; de Seguridad, Enrique Mathov; los aliancistas Julio Tejerina y Marcelo Stubrin, y el justicialista Dámaso Larraburu. En las negociaciones quedó firme el criterio de la Alianza de exigir dos testigos para labrar las actas -que el justicialismo acepta realizar sin ningún testigo-, y que había desatado una dura puja entre ambos bloques. En esta cuestión fue clave la opinión aportada por el Procurador, Maximiliano Rusconi.

Mathov dijo que "es satisfactorio el acuerdo de diputados de diferentes bloques en la aprobación del proyecto que el presidente Fernando de la Rúa envió en noviembre".

El debate fue abierto por el vicepresidente de la comisión de Legislación Penal, Tejerina, quien aseguró que "ninguna ley soluciona el problema de la seguridad", pero destacó que "es un avance para que la Policía tenga herramientas y pueda prevenir los delitos".

El radical Marcelo Stubrin planteó que "no hay que magnificar los alcances de esta reforma" al Código Procesal Penal y destacó que la intención es otorgar algunas herramientas para evitar que "se anulen procesos judiciales".

Desde el justicialismo, el presidente de la comisión de Legislación Penal, Dámaso Larraburu, dijo que esta reforma "fue producto del consenso" y es un "avance para dar a la Policía las herramientas para prevenir delitos". Agregó que este proyecto "resguarda todas las garantías procesales contempladas en la Constitución Nacional" y dijo que con esta iniciativa "no se vuelve de ninguna manera a las épocas negras en la Argentina".

A su vez, la peronista María del Carmen Falbo dijo que "avaló el proyecto" porque se mantuvo un punto esencial que es el artículo 138, que exige la presencia de dos testigos para labrar las actas.

La oposición del proyecto fue expresada por Ramón Torres Molina, quien redactó un dictamen en minoría, que fue respaldado por los ex aliancistas, Elisa Carrió, Jorge Rivas, Alfredo Bravo y Gustavo Galland. Torres Molina indicó que "el proyecto originario del PEN ha sido ampliado en el dictamen de mayoría, otorgándose facultades a la Policía que pueden afectar las libertades públicas".

A continuación se transcribe el proyecto de ley:

Artículo 1ro: Modifícase el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación (texto según ley 23.984) Quedó redactado de la siguiente forma:

Atribuciones, deberes y limitaciones.: Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones:

1) Recibir denuncias.

2) Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente.

3) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al juez.

4) Si hubiera peligro de cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes, técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.

5) Disponer los allanamientos del artículo 227; las requisas e inspecciones del artículo 230 Bis y los secuestros del artículo 231, dando inmediato aviso al órgano judicial competente.

6) Si fuere indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 281 dando inmediato aviso al órgano judicial competente.

7) Interrogar a los testigos.

8) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un término de diez (10)Horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial. En tales supuestos deberá practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona al momento de su aprehensión.

9) En los delitos de acción pública y únicamente en los supuestos del artículo 285, requerir del sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones.

10) No podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías (fijados en este Código) de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de la comunicación que hará el juez a la autoridad superior del funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por el incumplimiento. Si hubiese razones de urgencia para que el imputado declare o éste manifestara su deseo de hacerlo, y el juez a quien corresponda intervenir en el asunto no estuviere próximo, se arbitrarán los medios para que su declaración sea recibida por cualquier juez que posea su misma competencia material.

11) Usar la fuerza pública en la medida de la necesidad.

Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de seguridad tendrán las mismas atribuciones, deberes y limitaciones que los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del tribunal.

Artículo 2do: Modifícase el artículo 186 Del Código Procesal Penal de la Nación (texto según ley 23.984), El que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 186: Los encargados de la prevención, comunicarán inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación de actuaciones de prevención. Bajo la dirección del juez o del fiscal, según correspondiere, y en carácter de auxiliares judiciales, formarán las actuaciones de prevención que contendrán:

1.- Lugar y fecha en que fueron iniciadas.

2.- Los datos personales de quienes en ella intervinieron.

3.- Las declaraciones recibidas, los informes que se hubieran producido y el resultado de todas las diligencias practicadas.

Concluidas las diligencias urgentes, las actuaciones de prevención serán remitidas al juez competente o al fiscal, según corresponda.

Las actuaciones de prevención deberán practicarse dentro del término de cinco días, prorrogables por otros cinco días previa autorización del juez o fiscal, según corresponda, sin perjuicio de que posteriormente se practiquen actuaciones complementarias con aquellas diligencias que quedaren pendientes.

Artículo 224.- Registro. Si hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto fundado el registro de ese lugar.

El juez podrá proceder personalmente o delegar la diligencia en el fiscal o en los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad. En caso de delegación, expedirá una orden de allanamiento escrita, que contendrá: la identificación de causa en la que se libra; la indicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados; la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo. El funcionario actuante labrará un acta conforme lo normado por los artículos 138 y 139 de este Código.

Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acto, bajo pena de nulidad.

Si en estricto cumplimento de la orden de allanamiento, se encontrare objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.

Artículo 4to.- Incorpórese como artículo 230 Bis del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), El siguiente texto:

Artículo 230 Bis: Los funcionarios de la policía y fuerza de seguridad, sin orden judicial, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de vehículos de cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas:

a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonablemente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; y

b) en la vía pública o en lugares de acceso público.

La requisa o inspección se llevará a cabo de acuerdo en lo posible a lo establecido por el 2do y 3er párrafo del artículo 230, se practicarán los secuestros del artículo 231, y se labrará acta conforme lo dispuesto por los artículos 138 y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que disponga lo que corresponda en consecuencia.

Tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos.

Artículo 5to: Se sustituye :

Orden de secuestro:

Artículo 231.- el juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como medios de prueba.

Sin embargo esta medida será dispuesta y cumplida por los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad, cuando el hallazgo de esas cosas fuera resultado de un allanamiento o de una requisa personal o inspección en los términos del artículo 230 bis, dejando constancia de ello en el acta respectiva y dando cuenta inmediata del procedimiento realizado al juez o al fiscal intervinientes.

El artículo 6to quedó modificado y redactado de la siguiente forma:

Artículo 392.- Lectura de documentos y actas. El tribunal podrá ordenar la lectura de las denuncias y otros documentos de las declaraciones prestadas por coimputados, ya sobreseídos o absueltos, condenados o prófugos, como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo, de las actas judiciales y de las de otro proceso agregado a la causa.

También se podrán leer las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal o de vehículos y secuestro que hubieren practicado las autoridades de prevención, con arreglo a dichas normas; pero si estas hubieran sido citadas como testigos, la lectura sólo podrá efectuarse, bajo pena de nulidad, en los casos previstos por los incisos 2do y 3ro de artículo anterior, a menos que el fiscal y las partes lo consientan.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password