Pascual, que con anterioridad al caso del Senado no había hecho ninguna referencia a la suspensión del aguinaldo, dio a conocer esta noche un breve comunicados asegurando que la medida respondía "a la política de austeridad y contención del gasto puesta en práctica a partir de la asunción de las actuales autoridades".

El legislador recordó en tal sentido la reducción del doce por ciento sobre el total de las dietas de los legisladores y funcionarios dispuesta a partir del mayo del año pasado.

De este modo, los diputados buscan diferenciarse de los senadores, luego del escándalo que se desató por la decisión de ese cuerpo legislativo de ratificar una resolución que habilita a cobrar un aguinaldo de 3.200 pesos.

Varios legisladores habían expresado su rechazo a cobrar el aguinaldo, entre los que figuraron el sanjuanino peronista Guillermo De Sanctis, y el justicialista Jorge Busti, quien envió una carta a Pascual informando que no cobrará ese dinero.

Mientras tanto, el presidente provisional del Senado, Mario Losada, defendió la ratificación por parte de los legisladores del cobro de sus sueldos complementarios especiales, de 3.212 pesos, y señaló que se trató de una decisión "administrativa y no política".

Losada, que se encuentra en la ciudad de Yakarta, Indonesia, participando de una reunión del Grupo de los 15, reivindicó además la "legalidad" de la decisión del Senado de renovar el cobro de ese aguinaldo, de carácter "especial".

"Tengo que reconocer que lo que decidieron es algo legal", subrayó el senador misionero, quien de todas formas aclaró que él no aceptará el beneficio. En medio de la crisis social, los legisladores peronistas, radicales y de los bloques provinciales defendieron el derecho a cobrar esta remuneración especial, que el Estado no está obligado a pagar debido a que los senadores -como los diputados- no cobran salarios, sino dietas.