Por otra parte, la comisión podrá comenzar a analizar la información de las cajas enviadas por el Senado norteamericano en las próximas horas, cuando quede adaptado el software que permitirá un primer cruce de datos.

En cuanto al periodista mencionado, este acusa al procurador de poseer una cuenta en Suiza a la cual derivó supuestamente fondos que el periodista presume provienen del tráfico de armas, de drogas y de la venta de bienes de detenidos desaparecidos de la provincia de Mendoza. Junto al chileno Rodrigo de Castro, Gasparini es autor del libro "La delgada línea blanca", cuya edición nacional será lanzada mañana por Ediciones B Buenos Aires, y en el cual se acusa a Becerra, entre otras cosas, de haber facilitado la "nacionalización ilegal" del traficante sirio Monzer Al Kassar.

El texto aporta datos sobre la actuación de Al Kassar y sus complicidades en Argentina y con el "Clan Pinochet" para operar en el tráfico de armas, de drogas, lavado de dinero, y para realizar operaciones inmobiliarias -consideradas ilegales- durante el gobierno de Carlos Menem.

Gasparini acusa a Ballestero de "haber dejado languidecer el sumario", lo cual habría sido admitido implícitamente -según el denunciante- por la Cámara Federal de Buenos Aires que advirtió sobre la "inexplicable demora" de diez años para esclarecer el caso. Según fuentes legislativas, el periodista advertirá a la comisión investigadora que las leyes suizas impiden a sus autoridades apropiarse de fondos provenientes de operaciones ilegales, lo cual abre la posibilidad de que los recursos puedan ser recuperados por el Estado argentino, como ocurrió con los 4,5 millones provenientes del soborno del caso IBM-Banco Nación.

Becerra no habría declarado la cuenta que posee en el mismo banco que el ex represor Domingo Bussi, lo cual le valió al militar retirado el rechazo de sus títulos para acceder por segunda vez a una banca de diputado nacional.

En cuanto al cargado de la información en las dos computadoras que utilizará la comisión para estudiar el contenido de los extractos bancarios en lo que estarían plasmadas operaciones de lavado de dinero, fue completado durante el fin de semana con el escaneo de las 30 mil hojas incluidas en las cajas. Esta tarea estuvo a cargo de especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quienes en 17 horas de trabajo lograron pasar las planillas por el scaner de última generación aportado para simplificar y acelerar la tarea de digitalización de la información para su posterior entrecruzamiento. Las diputadas que se encargaron de supervisar la tarea de los expertos para garantizar la confidencialidad de la información contenida en las cajas fueron la radical rebelde Elisa Carrió (presidenta de la comisión), la frepasista Graciela Ocaña y la radical Margarita Stolbizer.

En este sentido, Ocaña señaló que "fue exitosa" la operación de cargado de la información a las PC instaladas en la oficina de la comisión, ubicada en el cuarto piso de un edificio del Congreso, en Riobamba 71.