El Ministerio de Economía "no avala" el proyecto para subir los aportes patronales que la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados podría convertir en dictamen la semana próxima, según aclaró el viceministro de Economía, Daniel Marx, quien dejó así abierta la posibilidad de un veto presidencial si la iniciativa se convierte en ley.
La intención de Diputados es que la suba de aportes alcance a todas las empresas de servicios públicos privatizadas, los hipermercados con facturación superior a los 60 millones de pesos anuales y el transporte de larga distancia, quedando fuera los bancos oficiales, el sector público y el transporte de media y corta distancia.
Los legisladores pretenden que los aportes retomen el nivel que tenían en 1993, es decir, el 33 por ciento, contra el 19,8 por ciento actual.
"El equipo económico está procurando bajar el costo argentino a través de sus distintas manifestaciones", expresó el viceministro, dejando traslucir el rechazo que le generaría la restitución de esos aportes pasibles de un traslado directo a las tarifas. Los proyectos de ley en danza difieren entre sí, pero coinciden en su aplicación sobre empresas privatizadas de servicios, otras concesionadas y AFJP.
Interrogado sobre un eventual veto presidencial a la medida, de prosperar ésta, respondió que "no estoy en condiciones de adelantar esto, porque hay que mirarlo en detalle".En la Comisión de Legislación del Trabajo evalúan que la reducción de aportes lleva acumulado, en los últimos años, unos 18.000 millones de pesos que no ingresaron a las arcas fiscales.
El martes, la Comisión de Legislación Laboral de Diputados avanzó en un acuerdo para restituir los aportes patronales a empresas públicas privatizadas, concesionadas y AFJPs, aunque no logró emitir dictamen porque restaba acordar el alcance de la medida y el destino de los fondos. Sin embargo, los miembros de la comisión tejieron un principio de acuerdo que desembocaría en la decisión de destinar los fondos que se recauden de la reimplementación de los aportes al sistema previsional, dado que -según juzgaron- "fue la principal perjudicada" por el beneficio dado en 1993 a ciertos sectores.
Si bien el proyecto de la Alianza -que lleva las firmas de Juan Carlos Passo, presidente de la comisión, de Margarita Stolbizer y de Ricardo Vago- indica que el destino sería un fondo de ayuda a pymes y desempleados, lo cierto es que los propios oficialistas estarían dispuestos a darlo al área previsional.
Uno de los puntos que discutieron hoy los diputados sin que lo cierren era el piso de facturación anual a partir del cual los hipermercados, las cadenas de supermercados y el autotransporte de larga distancia tendría que volver a realizar aportes patronales. En principio, los legisladores de los distintos bloques plantearon la posibilidad de establecer ese piso en los 20 millones de pesos mensuales, pero, luego comenzó a reunir mayor consenso la alternativa que sugería llevar ese parámetro a los 60 millones de pesos de facturación por año.
De acuerdo con un borrador del dictamen que se encaminaba a reunir el consenso necesario para su aprobación en la comisión, se facultaría al Poder Ejecutivo a restituir los aportes patronales a las "empresas privadas, siempre y cuando éstas operen en el mercado de las empresas públicas privatizadas". También, según el acuerdo que era tejido entre los bloques, esta restitución el Ejecutivo podría hacerla extensiva "a otras empresas o grupos económicos que realicen actividades de servicios con un monto de facturación anual superior a los 20 millones de pesos por año".
En el marco de una reunión de la comisión que desarrolló hoy en el Anexo de Diputados, los legisladores se encaminaban a unificar posiciones en torno a la decisión de dejar incluida en el alcance de esta medida a la empresa Aerolíneas Argentinas, controlada por el holding estatal español SEPI.