El tratamiento de la propuesta fue impulsado por los justicialistas disidentes Liliana Negre de Alonso y Héctor Torino, y habilitado por los dos tercios de los presentes, aunque el titular de la bancada radical Jorge Agundez, denunció que ese número nunca se había alcanzado. El peronista Eduardo Menem, que en ese momento presidía la sesión, no hizo lugar a las objeciones planteadas por Agundez y dio paso al tratamiento en general de la norma.

"Tal como se encuentra la legislación vigente, a partir de la reforma de 1995, el procedimiento de quiebra podría ser utilizado para dejar afuera a todos los trabajadores por cuanto la venta de la empresa implica la extinción de la totalidad de los contratos laborales, el pago de una indemnización reducida y que queden sin efecto los convenios colectivos de trabajo", expresó Liliana Negre de Alonso.

La legisladora, que integra un sub-bloque del PJ, pidió al fundamentar su proyecto que se debe "volver a la legislación anterior para que el comprador respete los contratos y los convenios colectivos y para que los empleados no queden en la calle por maniobras de empresarios extranjeros".

Pese a que la empresa no está en quiebra, los senadores que pidieron la pronta sanción del proyecto argumentaron que "como la ley no se pudo aplicar retroactivamente queremos aprobarlo hoy".