La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados volvió a fracasar en el intento de dar dictamen favorable a un proyecto de ley del diputado Pedro Salvatori (MPN-Neuquén) destinado a regular el mercado comercializador de combustibles y por el cual se propone, formalmente, beneficiar a un grupo de empresas menores.
El dictamen no había podido ser firmado el martes pasado a raíz de la oposición de los diputados Ricardo Vago (Frepaso-Buenos Aires), secretario de la Comisión de Obras Públicas, e Isabel Foco (Frepaso-Neuquén), secretaria de la Comisión de Energía y Combustibles, a los que se sumó ayer Rafael Flores (Frepaso-Santa Cruz), presidente de la Comisión de Comercio. De todos modos Salvatori adelantó, al comenzar la reunión de la víspera, que fue presidida por Angel Abasto (PJ-Buenos Aires), vicepresidente primero de la Comisión, que había optado por cambiar el subsidio propuesto en el proyecto, por un diferimiento impositivo, lo que se produjo por el rechazo anterior y por la postura en ese sentido de Gustavo Gutiérrez (PD-Mendoza).
Gutiérrez y Fortunato Cambareri (UCR-Chubut) coincidieron en que resuelto ese problema, se podía avanzar en el dictamen, frente a lo cual los legisladores frepasistas insistieron en la necesidad de realizar consultas con el Poder Ejecutivo, lo que, aceptado por Salvatori, se adoptó como decisión final.
Vago dio precisiones sobre consultas que había realizado en los últimos días, incluyendo estudios de la Secretaría de Defensa de la Competencia y de un informe suministrado por el director Nacional de Combustibles, Julio Castel, según el cual la única empresa que cumple con los requisitos del proyecto es Dapsa. La iniciativa permitiría, si se aprobara, que dicha petrolera retuviera 80 millones de pesos, durante 5 años, en concepto del 40 por ciento de lo que recaudara por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), para ampliación o modernización de su red de estaciones de servicio, que en la actualidad alcanza a 21.
Según precisó Vago en base a las informaciones que suministrara Castel, de esas 21, en todo el país, sólo dos son propias, en tanto que las restantes son de bandera, mientras que a un máximo de 600.000 pesos de costo por estación, en cinco años, con 80 millones, puede desarrollar una red adicional propia de otras 135 adicionales.
Salvatori señaló que su iniciativa, destinada a descartelizar el mercado de combustibles, debía favorecer a media docena de empresas, además de Dapsa, como Sol, Rhasa, Refinor y Refisan.
