El juez federal Gabriel Cavallo consideró que "es muy difícil que se pueda probar" el presunto pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la reforma laboral, aunque aclaró que, según indicios reunidos en el sumario que él instruye, "el hecho existió".
"Es muy difícil investigar el cohecho (coima) porque el que recibe el dinero no habla", aseguró Cavallo en declaraciones realizadas esta mañana a periodistas, en las también aclaró que "las causas judiciales dependen de las pruebas". En este sentido, el magistrado consideró que, por los "indicios" obtenidos en la pesquisa realizada en el marco de la causa, "el hecho existió", pero indicó que "faltan nombres y apellidos" y que ahora "hay que esperar la decisión de la Cámara Federal".
La Sala I del tribunal tiene a su cargo la apelación de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado contra la "falta de mérito" que el ex juez Carlos Liporaci les dictó a los senadores Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Constanzo, Angel Pardo, Ricardo Branda y Javier Meneghini.
El tribunal, integrado por los camaristas Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo, recibió las conclusiones de expertos sobre pericias realizadas en los asientos contables de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Las cuentas de ese organismo formaron parte de una de las "hipótesis de trabajo" de los fiscales por el supuesto pago de una cifra millonaria a senadores para que, en abril de 2000, aprobaran las reformas a la Ley Laboral. Cavallo destacó que, desde que asumió la instrucción del caso (en febrero último y tras la renuncia de Liporaci) "se concretaron medidas que antes no se hicieron", entre las que mencionó la "investigación patrimonial" de legisladores, el "entrecruzamiento de llamadas telefónicas" y "la auditoría de organismos públicos".
Freiler y Delgado, con la adhesión del fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes, apelaron las "falta de mérito" (una decisión intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento) porque consideran que hay suficientes pruebas en contra de Alasino, Cantarero, Tell, Costanzo, Pardo, Branda y Mengehini.
La crisis de las coimas en el Senado desató una tormenta en el Gobierno de la Alianza, que terminó en octubre pasado con la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos "Chacho" Alvarez.
En una crítica implícita a la gestión de Liporaci en este caso, el juez Cavallo señaló que tuvo que tomar "medidas que debieron haberse hecho antes" de él llegara, como por ejemplo "la pericia contable de la SIDE, los cruces de llamados telefónicos, los informes patrimoniales de los senadores, o la búsqueda de depósitos en las fechas sospechadas, como el primer semestre del año 2000". Respecto de la hipótesis de que el Gobierno nacional haya pagado las coimas, el juez indicó que "hay un informe de la Oficina Anticorrupción que descarta organismo por organismo, de los que disponen de fondos reservados", cuyas oficinas fueron auditadas, y que "la única que no había sido auditada fue la de la SIDE", medida que cumplió hace unos días.
Respecto de la situación de los tres senadores mencionados por Cafiero en su declaración ante la Justicia -Eduardo Bauzá, Ramón Ortega y Angel Pardo-, el juez hizo notar que la falta de mérito dictada por Liporaci contra los dos primeros no fue apelada por la Fiscalía, por lo que "podría pensarse que contra estos tres nombres tendrían menos pruebas".
