Dirigentes políticos y sindicales, defensores de los derechos humanos y abogados reclamaron que "se siga hasta las últimas consecuencias" la investigación sobre los presuntos sobornos en el Senado, a un año del escándalo que puso en jaque a la Cámara alta.
Confluyen en la convocatoria dirigentes del justicialismo, como el senador Antonio Cafiero; de la Alianza, como el presidente del bloque de Diputados, Darío Alessandro, y figuras sindicales como el camionero Hugo Moyano.
En un encuentro que se desarrolló en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, representantes de sectores políticos y sindicales dieron a conocer un breve documento en el que "cerca de 300 personas", según puntualizó el senador Antonio Cafiero, reclaman justicia en el caso por las presuntas coimas.
"Los abajo firmantes, ante la confirmación por parte del juez de la causa de que realmente existieron sobornadores y sobornados en la sanción de la ley de reforma laboral, expresamos nuestro deseo de que la justicia avance hasta el exclarecimiento total de los hechos que han dañado severamente el prestigio de las instituciones de la República", reza el documento.
La convocatoria reunió en un mismo espacio a personalidades del ámbito político, sindical y cultural y exhibió la ausencia de diputados y senadores de la UCR y sólo algunas presencias de legisladores del PJ. Sin embargo, entre los firmantes del documento -que, con el título "A un año del escándalo", buscará seguir cosechando adhesiones de aquí al viernes- se contaron los radicales Rodolfo Terrago, Melchor Posse y María José Lubertino, quien estuvo en el acto y habló en nombre del ex jefe de Gabinete aliancista.
El escrito recibió también la adhesión de personalidades del ámbito gremial, entre ellos los líderes de la CGT disidente, Hugo Moyano -quien asistió a la presentación-, y de la CGT oficial, Rodolfo Daer, así como los gremialistas Armando Cavalieri, Julio Piumato y Luis Barrionuevo, entre otros.
Más allá del escrito -que condensó el reclamo de la diversa gama del ámbito político y social que suscribió el reclamo-, otro de los gestos que unificó a todos los presentes en el Salón de Pasos Perdidos fue un encendido aplauso en respaldo a los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler.
Por su parte, el frepasista Del Piero destacó la necesidad de que "en algún momento se llegue a la verdad" en la causa que investiga el presunto pago de coimas para la sanción de la reforma laboral y expresó su deseo de que la lista de firmantes del reclamo de justicia "se convierta en interminable". Entre los diputados que concurrieron a la presentación se contaron los frepasistas Darío Alessandro, José Vitar, Atilio Tazzioli, Alejandro Peyrou y Carlos Raimundi e integrantes del bloque Frente para el Cambio, como la aeronavegante Alicia Castro y Ramón Torres Molina. También concurrieron a la cita los abogados Eduardo Barcesat y Ricardo Monner Sans, ambos denunciantes en la causa que investiga los presuntos sobornos en el Senado y en otras actuaciones judiciales que investigan hechos de corrupción emblemáticos de la última década.
Por otro lado, la mayoría los expositores puso el acento en declaraciones realizadas por el juez que lleva adelante la causa, Gabriel Cavallo, quien días atrás sostuvo que "el hecho (de los presuntos sobornos) existió", pero que el cohecho era un delito "difícil de probar".
Mientras tanto, los diputados nacionales Alicia Castro, Alfredo Villalba, Gustavo Cardesa y Ramón Torres Molina, integrantes del Frente para el Cambio, presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Poder Ejecutivo que deje en suspenso la promulgación de la reforma laboral.
El pedido se basa en las declaraciones de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado y del juez federal, Gabriel Cavallo, que investigan los sobornos denunciados en el Senado que, según los diputados, implican la existencia de un vicio de nulidad absoluta que invalida la aplicación de la ley de reforma laboral.
En ese sentido, Alicia Castro sostuvo que "la convicción de los jueces es un indudable avance en el reconocimiento pleno de la existencia de los hechos y cualquier duda sobre la independencia en la voluntad de los legisladores vicia y anula la sanción de la ley".