Los representantes de la oposición siguen de cerca, y en muchas oportunidades participan directamente, de los contactos que el Poder Ejecutivo mantiene con los gobernadores justicialistas, que en gran medida señalan el comportamiento de la oposición en la Cámara alta. Los temas legislativos pendientes están centrados en la interminable reforma política, cuyo debate se inició hace casi tres meses, y en un proyecto que modifica el Código Penal agravando las penas para los casos de robos con toma de rehenes.

Los senadores peronistas parecen haber dejado de lado, por el momento, la posibilidad de derogar dos decretos impulsados por el ministro Domingo Cavallo, con el fin de no agravar la complicada situación que padece el oficialismo. Se trata de los decretos que dispusieron un incremento en el precio del gas oil y el que modifica el Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, transfiriendo el manejo de un fondo fiduciario actualmente en manos de las provincias a la órbita del ministerio de Infraestructura y Vivienda, que encabeza Carlos Bastos.

Lo cierto es que los dos bloques legislativos del justicialismo se encuentran en estado de "sesión permanente" aunque con la certeza de que "la próxima jugada la debe hacer el gobierno", mucho más desde que los gobernadores peronistas le manifestaran al presidente de la nación sus diferencias con las medidas adoptadas.

El senador José Luis Gioja y el diputado Humberto Roggero lograron que sus legisladores permanezcan las próximas dos semanas en la Capital Federal o en sus distritos para que, en caso de ser requeridos de urgencia, demoren poco tiempo en llegar al Parlamento.

Con respecto a la agenda legislativa al margen de la posibilidad de sesionar, varios diputados del justicialismo decidieron convocar para el martes o para el jueves a una reunión de la comisión encargada de controlar la utilización de los poderes especiales cedidos por el Congreso al Poder Ejecutivo.

Esta comisión, integrada por doce miembros divididos en partes iguales entre oficialistas y opositores, se reuniría para poner a consideración el decreto firmado ayer en el que se contemplan las nuevas medidas anunciadas por el gobierno.

Paralelamente, el trabajo de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados atraviesa una etapa de virtual inactividad que se profundizó con el cimbronazo económico de la última semana que sacudió al país y que se trasladó también al ámbito político. La actividad parlamentaria de esta semana tuvo como punto sobresaliente la presencia del ministro de Salud, Héctor Lombardo, en la Comisión de Salud, donde dio garantías a los diputados de que el PAMI "no será privatizado ni liquidado" frente a versiones que daban cuenta por esos días de una arremetida en ese sentido.