El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el Código Penal, aumentando las penas para los delitos cometidos mediante la toma de rehenes, tal como ocurre en muchos asaltos perpetrados contra bancos, comercios y casas particulares.
La iniciativa, votada por la mayoría de los representantes del justicialismo, el radicalismo y los partidos provinciales, amplía el artículo 142 bis del Código, y señala que la pena será de 6 a 20 años de prisión o reclusión "si el delito se cometiere mediante la toma de rehén".
El proyecto establece que la pena será de 10 a 25 años de prisión o reclusión si la víctima de la toma de rehenes fuera mujer o menor de 18 años, o prisión perpetua en caso de muerte del rehén.
El Código Penal establece hasta ahora sólo prisión o reclusión de 5 a 15 años, al que "sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
La nueva propuesta, impulsada por los senadores José María Garcia Arecha (UCR), Jorge Agundez (UCR) y Jorge Mikkelsen Loth (PJ), tipifica la figura del "rehén", hasta ahora ausente en el Código Penal.
En este sentido, el proyecto señala que podrá ser condenado bajo esta nueva figura quien cometa el delito "mediante la toma de rehén con el fin de obligar a la autoridad pública, a hacer efectiva alguna acción u omisión que implique una concesión o impedimento al libre ejercicio de sus facultades legales".
El proyecto designa con el término de "rehén" a toda persona retenida por alguien "en garantía" para obligar a un tercero -normalmente personal policial o judicial- a cumplir determinadas condiciones.
Al fundamentar la propuesta, el radical Agundez dijo que a través de la norma se le da a los jueces "un instrumento suficiente" para combatir este tipo de delitos.
García Arecha, por su parte, aseguró que en el último año se produjeron cerca de 700 episodios en la que se registraron tomas de rehenes. "Estamos ante la presencia de una nueva figura de delito", indicó el legislador, al tiempo que propuso que el Consejo de la Magistratura ponga como condición a los aspirantes a jueces el manejo ante situaciones con rehenes.
Los únicos que fundamentaron en contra de la propuesta fueron los peronistas Jorge Yoma y Héctor Maya, y el aliancista por Catamarca Pedro Villarroel, quienes argumentaron la introducción de desequilibrios en la relación de las penas fijadas por el Código Penal.
