El Poder Ejecutivo debió sufrir tanto para ver aprobado durante la madrugada el proyecto que ratifica por ley el ajuste fiscal y la aplicación de la filosofía del "vivir con lo nuestro" impulsada por el presidente Fernando de la Rúa, que en sus puntos más controvertidos implican un recorte para los sueldos de la administración pública y haberes jubilatorios.

La pelea se desató alrededor del piso para aplicar la rebaja en jubilaciones y sueldos de empleados públicos. Los diputados radicales afirmaban que el proyecto asegura los fondos para lograr el objetivo de los 1.000 pesos en los dos casos. En cambio, desde el Gobierno se afirmaba que esa cifra no estaba en firme, se hablaba de 500 pesos y se sostenía que todo dependerá de la recaudación de impuestos. En el bloque radical las críticas apuntaban contra el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; la ministra Patricia Bullrich y, sobre todo, el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, el más explícito al poner en duda el alcance del proyecto que debatía Diputados. "Ellos están rompiendo los términos del acuerdo", resumió un legislador radical, en alusión a la cena con el presidente Fernando de la Rúa y varios ministros, realizada en la Casa Rosada y con sobremesa que se prolongó hasta la madrugada de ayer.

Desde el Gobierno se respondía que los responsables del conflicto eran los legisladores, al insistir con una cifra rígida y no advertir los problemas de recaudación que asoman para este mes.

La disputa se mostró en la superficie cuando el diputado bonaerense Eduardo Santín dijo a los periodistas que la ley establecería de manera explícita el compromiso de "garantizar" el piso de 1.000 pesos, en base a una serie de medidas impositivas que, según los diputados, alcanzan "de sobra" para financiar esa cifra.

La ley en trámite deroga el decreto de necesidad y urgencia 896 del 10 de este mes, que motivó acuerdos con los gobernadores aliancistas y justicialistas. Y que también obligó a un largo esfuerzo negociador, no cerrado, atado a su vez al tratamiento del ajuste en la provincia de Buenos Aires.

El corazón de la iniciativa se votó pasadas las 4 de la madrugada: se trata del artículo 12, que establece que el Poder Ejecutivo "garantizará" que los mayores recursos que logre a partir de la aplicación de una serie de medidas impositivas se aplicarán "al reestablecimiento" de los salarios y jubilaciones de hasta mil pesos. Tanto fue así que la cláusula recién fue aprobada en el debate en particular en una segunda y cerrada votación de 75 votos afirmativos a 69 negativos y 3 abstenciones, que impuso la redacción consensuada entre el bloque radical y el Ministerio de Economía.

Mientras el Congreso trataba los proyectos del nuevo ajuste acordados entre el gobierno y legisladores del radicalismo, la Casa Rosada permaneció casi desierta por la tarde, aunque sus pocos habitantes dejaron expuesta una vez más la controversia interna en el Ejecutivo sobre los alcances de lo consensuado.

Desde el gobierno algunos hablaban de un piso de 500 pesos para el recorte de las jubilaciones y los salarios de los estatales, en tanto que en la Cámara de Diputados esa cifra se elevaba a 1.000 pesos. Un sector, representado por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el vocero del gobierno, Juan Pablo Baylac, insistían en que el recorte sería desde 500 pesos y a medida que subiera la recaudación, se subiría ese piso.

Por su parte, desde el ministerio de Economía, se hizo silencio y sólo el secretario de Finanzas, Daniel Marx, hizo una breve referencia al acuerdo logrado, pero sin dar ningún detalle sobre los montos.

Las diferentes versiones sobre un mismo tema y el silencio impuesto por el gobierno a partir del mediodía hicieron crecer las versiones de diferencias internas en el seno del gabinete sobre los alcances de lo consensuado con los legisladores radicales y hasta se mencionó la posibilidad de que, si el ajuste sale tal como lo impulsa el Congreso, podría "caer la cabeza de algún miembro del Gabinete", señaló una fuente parlamentaria.

La discusión transcurrió en un clima tenso, con estrecho número del quórum y serias irregularidades. Entre ellas, la falta de taquígrafos y una movilización del gremio del personal legislativo que se adueñó del salón contiguo a las bancas y aturdió con sus bombos, así como la carencia de audio que dificultó la tarea periodística. En ese marco se desarrolló la sesión en base a un proyecto llevado al recinto sin despacho previo de comisión y tratado sobre tablas, en señal de extremo apuro para intentar calmar el lunes la ansiedad de los mercados y también los sismógrafos que miden el riesgo país.

El aporte central para el quórum lo hizo la UCR (cerca de 80 miembros). También estaban los cavallistas (12). Había apoyo de los diputados de partidos provinciales (14 de ellos con franco tono crítico), pero rechazo del PJ (estaba presente la mitad de los cien que posee, pendientes de la negociación bonaerense) y de la mayor parte de los frepasistas (19 sobre 24).

Los veinte artículos incluyen una modificación al IVA para que se pague sobre lo cobrado, la extensión del impuesto sobre créditos y débitos bancarios, la suspensión de la devolución del Impuesto a las Ganancias y también de la reducción de 10 centavos del impuesto a las naftas. Además, se establece un aumento en cuatro puntos de los aportes patronales para las empresas de locación y prestación de servicios, y un régimen para asegurar el equilibrio fiscal, incluyendo a los presupuestos del Poder Legislativo y Judicial.

Mientras transcurría el debate, las puertas del recinto semejaban murallas: personal de seguridad, temeroso de algo así como un asalto a las bancas por los empleados del Congreso, había bloqueado las puertas con muebles. Un espectáculo nunca visto en el Congreso, ni siquiera en las sesiones más tumultuosas.

En el recinto, se reflejó la tensión entre el PEN y su brazo político en Diputados, que había tenido un crucial capítulo negociador en la noche del jueves. Fue la comida en la Casa Rosada que compartieron, entre otros, De la Rúa, Colombo, los ministros Domingo Cavallo y Ramón Mestre, y los diputados Horacio Pernasetti, presidente de la bancada; Raúl Baglini, Jesús Rodríguez y Santín.

El Frepaso no tuvo participación en ese encuentro, una señal más de una creciente distancia con el Gobierno, pero sin planteo de ruptura con la Alianza.

En el debate se amplió también la distancia del interbloque federal, cuyos discursos, a cargo del demoprogresista Alberto Natale, del mendocino Carlos Balter y del salteño Mario Gómez Diez, reflejaron un creciente cansancio porque las fuerzas del Gobierno, dijeron, evitaban ir al fondo del asunto.

La síntesis del texto consensuado es el siguiente:

- Se establece que la administración pública, con excepción de los poderes Legislativo, Judicial y el Ministerio Público (están obligados a hacer el ajuste pero tienen autonomía para definir cómo lo implementan), deberán atenerse al principio general del déficit cero: "El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste".

- Cuando los recursos presupuestarios "no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios".

- En ese caso la reducción se aplicará "a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos y entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos".

- En consecuencia, el recorte de esos créditos "importará de pleno derecho" la reducción en los sectores mencionados en el apartado anterior, que "se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes según corresponda".

- "El Poder Ejecutivo aplicará los mayores recursos y ahorros recuperados en las disposiciones de la presente ley a restablecer gradualmente las retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, haberes de jubilados, retirados y pensionados para todos los que perciban hasta 1.000 pesos mensuales, antes de las reducciones".

- Se faculta al gobierno a modificar la ley del IVA "exclusivamente en los aspectos necesarios tendientes a establecer que los débitos y créditos fiscales se imputen al período fiscal en que se perciba y/o pague total o parcialmente el precio de las operaciones gravadas, de acuerdo a la definición de percepción y pago que el mismo establezca a tal fin". De este modo se busca que el cobro del gravamen se produzca al momento del cobro efectivo y no cuando se factura.

- Se amplía el alcance del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, aunque el tope se mantiene en un máximo de seis por mil. Quedan comprendidas ahora todas las entidades regidas por la ley de Entidades Financieras, todos los movimientos de fondos propios o de terceros, aún en efectivo, "cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo".

- Este impuesto "se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos o conceptos similares".

- Se faculta al Ejecutivo a disponer que lo abonado en concepto de este gravamen "constituya un pago a cuenta de los impuestos al valor agregado y a l

- Quedan exentas todas las cuentas de los estados nacional y provinciales y de misiones diplomáticas y consulares extranjeras a condición de reciprocidad, y "los créditos en cajas de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo aporte".

- Se posterga la devolución del impuesto a las Ganancias que estaba previsto en el decreto 860 del 27 de junio este año. Se hace posponiendo esa disposición "desde el ejercicio fiscal 2002".

- Se suspende hasta el 31 de diciembre de este año la reducción del impuesto a las naftas que se había empezado a aplicar el mes pasado a través del decreto 802 del 15 de junio.

- Se modifica el decreto 814 del 20 de junio de este año relacionado con los aportes patronales que pagan las empresas. Se fija entonces una alícuota del "20 por ciento para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en la ley 24.467". También se dispone una alícuota "de 16 por ciento para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior".

- Se procura limitar las acciones de amparo en contra de las disposiciones de la ley a través de modificaciones al Código de Procedimientos Civil y Comercial. "Son improcedentes y los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar prevista en el capítulo 3 del presente Código u otras, por las que se afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier otro modo perturbe los recursos presupuestarios del Estado, ni imponer sobre entes, organismos públicos o sus funcionarios, apercibimientos o cargas personales, pecuniarias o de otro tipo, por las que sean compelidos a hacer o dejar de hacer algo relativo a las funciones de su cargo".

- Se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar medidas equivalentes a las previstas en esta ley en lo correspondiente al régimen de equilibrio fiscal.