Los senadores justicialistas no obtuvieron el aval de sus gobernadores

El oficialismo confía en lograr que los senadores den sanción hoy a la ley del déficit cero, aunque se topó con ciertas dificultades de parte del PJ, cuyos legisladores confiaban en ser avalados por sus gobernadores, pero el encuentro adelantado para la víspera no tuvo los resultados esperados.

Los problemas en el justicialismo ya habían empezado a hacerse evidentes durante la tarde del sábado, cuando los senadores no recibieron el aval público y contundente de sus gobernadores.

Sólo estuvieron en el Senado los gobernadores de Santiago del Estero, Carlos Juárez; de La Rioja, Angel Maza; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Eduardo Fellner; y de Tucumán, Julio Miranda. No concurrieron los gobernadores de las provincias grandes, como el bonaerense Carlos Ruckauf, el cordobés José De la Sota, y el santafesino Carlos Reutemann, así como el titular del partido y gobernador de La Pampa, Rubén Marín.

Los senadores querían un respaldo fuerte de los gobernadores para compartir públicamente las responsabilidades de avalar con el quórum el ajuste en salarios y jubilaciones, pero sólo recibieron un pedido de votar la ley sin una expresión clara como reclamaban.

Formalmente, el único que dio explicaciones fue el jefe de la bancada, José Luis Gioja, quien dijo que su bloque pasó a cuarto intermedio hasta el domingo a las 14, cuando "tomaremos una decisión definitiva. Nos falta hacer algunas consultas y en función de ello será la decisión final para ver si es viable la sesión este domingo".

Mientras el justicialismo intentaba dirimir sus diferencias internas, el radicalismo manifestaba su dificultad para llegar al número de votos suficientes de modo que, si el PJ facilitaba el quórum estricto (37 senadores), pudieran ganar la votación con 19 legisladores.

Las gestiones del Ejecutivo para reunir el número de la tropa radical llegaron al punto de que hizo regresar a Edgardo Gagliardi de Londres, donde estaba de vacaciones, y al autonomista José Antonio Romero Feris de Corrientes (en un vuelo especial), quien podría votar con los radicales. De este modo, de los 21 senadores radicales sólo quedaban al margen José Genoud (de licencia por salud) y Horacio Usandizaga (de viaje por España), sumados a Leopoldo Moreau y Alberto Maglietti, que estuvieron presentes en el Congreso, pero se mantuvieron firmes en su postura de proponer cambios en el artículo 12, que es el que fija el piso de 1.000 pesos para los recortes en jubilaciones y salarios.

No obstante, la UCR sumarían a su favor los votos de los provinciales Roberto Ulloa (Renovador Salteño), Juan Carlos Loza (Cruzada Renovadora de San Juan) y Ruggero Pretto (Movimiento Popular Fueguino), con lo cual se llegaría a los 20 votos, dos menos que los el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, aseguró tener en todo momento.

Sin embargo, en el justicialismo aseguraban que los radicales nunca llegaron a tener efectivamente los votos para ganar una eventual votación, y argumentaban como ejemplo que las autoridades del Senado nunca convocaron formalmente a la sesión.

Las gestiones del gobierno para lograr la pronta sanción del proyecto de ley de déficit cero movieron a los senadores peronistas a adelantar para el sábado la reunión inicialmente prevista para este lunes con los gobernadores del mismo signo, lo que hizo más probable que haya sesión de la Cámara alta mañana.

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, los ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Interior, Ramón Mestre, y el propio presidente Fernando de la Rúa se comunicaron con gran parte de los senadores y gobernadores peronistas para expresarles la urgencia del gobierno para que la ley tenga sanción definitiva.

Con el condicionamiento del giro del dinero que aguardan las provincias, según las fuentes consultadas, los ministros del Poder Ejecutivo lograron que gobernadores y senadores del PJ adelantaran una reunión inicialmente prevista para el lunes a las 17.

En el encuentro, que se concretó en el segundo piso del Palacio Legislativo, los gobernadores insistieron en su idea de que los senadores deben facilitar la sanción de la ley y reservar sus propuestas alternativas para introducirlas en el futuro en una ley correctiva. Sobre esta base, quedaba para el gobierno la tarea de convencer a un par de Senadores radicales renuentes a aprobar el proyecto tal como lo sancionó la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley de ajuste fiscal que ya cuenta con media sanción de Diputados y que podría ser tratado hoy en el Senado, establece un piso de 1.000 pesos para jubilados y empleados para ejecutar el recorte, pero supeditado a los niveles de recaudación.

Si el proyecto se mantiene tal como fue girado desde la Cámara baja, la posibilidad más fuerte si el radicalismo consigue el mínimo necesario de votos, cuenta con los siguientes puntos, entre los más importantes:

– Se establece que la administración pública, con excepción de los poderes Legislativo, Judicial y el Ministerio Público (están obligados a hacer el ajuste pero tienen autonomía para definir cómo lo implementan), deberán atenerse al principio general del déficit cero: "El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste".

– Cuando los recursos presupuestarios "no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios".

– En ese caso la reducción se aplicará "a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos y entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos".

– En consecuencia, el recorte de esos créditos "importará de pleno derecho" la reducción en los sectores mencionados en el apartado anterior, que "se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes según corresponda".

– "El Poder Ejecutivo aplicará los mayores recursos y ahorros recuperados en las disposiciones de la presente ley a restablecer gradualmente las retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, haberes de jubilados, retirados y pensionados para todos los que perciban hasta 1.000 pesos mensuales, antes de las reducciones".

– Se faculta al gobierno a modificar la ley del IVA "exclusivamente en los aspectos necesarios tendientes a establecer que los débitos y créditos fiscales se imputen al período fiscal en que se perciba y/o pague total o parcialmente el precio de las operaciones gravadas, de acuerdo a la definición de percepción y pago que el mismo establezca a tal fin". De este modo se busca que el cobro del gravamen se produzca al momento del cobro efectivo y no cuando se factura.

– Se amplía el alcance del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, aunque el tope se mantiene en un máximo de seis por mil. Quedan comprendidas ahora todas las entidades regidas por la ley de Entidades Financieras, todos los movimientos de fondos propios o de terceros, aún en efectivo, "cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo".

– Este impuesto "se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos o conceptos similares".

– Se faculta al Ejecutivo a disponer que lo abonado en concepto de este gravamen "constituya un pago a cuenta de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias del titular de la cuenta, o en su caso del régimen del monotributo", pero sin afectar los fondos coparticipables.

– Quedan exentas todas las cuentas de los estados nacional y provinciales y de misiones diplomáticas y consulares extranjeras a condición de reciprocidad, y "los créditos en cajas de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo aporte".

– Se posterga la devolución del impuesto a las Ganancias que estaba previsto en el decreto 860 del 27 de junio este año. Se hace posponiendo esa disposición "desde el ejercicio fiscal 2002".

– Se suspende hasta el 31 de diciembre de este año la reducción del impuesto a las naftas que se había empezado a aplicar el mes pasado a través del decreto 802 del 15 de junio.

– Se modifica el decreto 814 del 20 de junio de este año relacionado con los aportes patronales que pagan las empresas. Se eleva entonces de 16 a 20 por ciento la alícuota "para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en la ley 24.467". También se dispone una alícuota "de 16 por ciento para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior".

– Se procura limitar las acciones de amparo en contra de las disposiciones de la ley a través de modificaciones al Código de Procedimientos Civil y Comercial. "Son improcedentes y los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar prevista en el capítulo 3 del presente Código u otras, por las que se afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier otro modo perturbe los recursos presupuestarios del Estado, ni imponer sobre entes, organismos públicos o sus funcionarios, apercibimientos o cargas personales, pecuniarias o de otro tipo, por las que sean compelidos a hacer o dejar de hacer algo relativo a las funciones de su cargo".

– Se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar medidas equivalentes a las previstas en esta ley en lo correspondiente al régimen de equilibrio fiscal.

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