Unos treinta diputados de diferentes expresiones políticas se sentaron en sus bancas para discutir medidas alternativas al ajuste implementado por el Gobierno nacional, luego de que fracasara un pedido de sesión especial solicitada para derogar la ley que estableció el recorte de salarios.
La reunión fracasó por falta de quórum, aunque el presidente del cuerpo, Rafael Pascual (UCR-Capital), permitió que, tal como lo marca el reglamento, los legisladores reunidos pudieran llevar adelante una expresión en minoría, esto es un debate sin votación, por falta de quórum.
La convocatoria de Frente para el Cambio, que encabeza la gremialista de los aeronavegantes Alicia Castro, encontró eco en varias bancadas, ya que hubo diputados del Frepaso, provinciales, justicialistas y hasta del radicalismo, como el caso del cordobés Miguel Angel Abella.
Previo a la frustrada sesión, los legisladores brindaron una conferencia de prensa en la que cuestionaron la ley de ajuste fiscal sancionada en las primeras horas de esta semana.
En ese encuentro, el peronista Mario Cafiero destacó que la norma "fue votada sólo por 69 diputados, es decir el 26 por ciento de la Cámara", cifra que lo llevó a concluir que "esto indica que hay un sentimiento de rechazo a la ley, porque que pedimos que este Congreso se pronuncie".
Por su parte, Castro aseguró que la presencia de los legisladores apunta "a demostrar que hay otras fuentes de financiamiento para el Estado que holgadamente le darían lo que le quieren sacar a los empleados públicos y los jubilados".
Ya una vez en el recinto, la legisladora del Frente para el Cambio volvió a reclamar la derogación del ajuste y citó como ejemplo de alternativas, impuestos a la renta financieras, a las empresas privatizadas y la restitución total de contribuciones patronales.
Por otra parte, Castro aseguró que "la ley de ajuste es flagrantemente violatoria de la Constitución", y citó entre los derechos conculcados el de la propiedad, a una remuneración justa, de igualdad ante la ley y varios artículos del Pacto de San José de Costa Rica.
Por su parte, Cafiero adjudicó la crítica situación económica que vive el país a la deuda externa, y ubicó el inicio de lo que denominó "la gran trampa" el año 1984.
"En ese momento, cuando los bancos acreedores tenían que justificar los pasivos del Estado con ellos hicieron una enorme presión, prestándonos plata para que no cayéramos en default (cesación de pagos)", afirmó el legislador.
Finalmente, en la expresión minoría tomaron la palabra más de 15 diputados, todos haciendo mención a la críticas situación económica del país y en contra de la política de la administración de Fernando De la Rúa.
