Promesa sobre el Plan de Infraestructura

El ministro Carlos Bastos debió soportar duro embate de los diputados de cinco comisiones que, en una reunión plenaria, cuestionaron las modificaciones introducidas por esa cartera a la ley que creó el Plan de Infraestructura, iniciativa que prometía millonarias inversiones.

Ante las críticas y el marcado escepticismo de los legisladores sobre la concreción del plan, Bastos garantizó su realización y aseguró que "en los próximos cuatro meses se pondrán en marcha obras por 5 mil millones de pesos que van a crear miles de puestos de trabajo".

"Lo único que ha ocurrido es una postergación hasta agosto; y como el proyecto es de financiación privada, por lo tanto, está asegurada su realización", afirmó el ministro.

La presencia de Bastos reunió a diputados de las comisiones de Obras Públicas, de Transporte, de Presupuesto y Hacienda, de Energía y de Defensa del Consumidor, en su mayoría críticos a la gestión del funcionario. Ese malestar quedó de manifiesto casi inmediatamente cuando se habilitó el primer tema de los tres que estaban previstos, el Plan de Infraestructura, y que finalmente fue el único que se discutió.

Los otros dos temas eran los polémicos decretos 802 (sobre todo el artículo que declara la desaparición de Vialidad Nacional), y el 804, que estableció severos cambios en el marco regulatorio energético y cuya derogación cuenta con media sanción del Senado, que fueron postergados para la semana próxima.

La ofensiva contra Bastos la encabezó la peronista Graciela Camaño, quien deploró "la falta de legítimos representantes en el directorio" que conduce el plan que se estableció en el decreto reglamentario de la ley.

En ese sentido, también protestó porque con el decreto se modificaron varios artículos de la norma sancionada por el Parlamento. "Estos cambios fueron en detrimento del trabajo legislativo realizado en estas comisiones, del que participaron diputados del oficialismo, para aprobar la ley", afirmó Camaño. En esa línea, denunció que los cambios introducidos en materia de auditorías técnicas de los trabajos, éstas quedaron como "rehenes de las constructoras".

Bastos sólo respondió a la legisladora cuando ésta aseguró que el decreto reglamentario deja sin poder participar del plan de infraestructura a las pequeñas y medianas empresas.

"Eso es mentira, porque el decreto reglamentario tiene tienen reservas establecidas del 30 por ciento para las Pymes", dijo el ministro.

Finalmente, los diputados comenzaron a cuestionar las demoras para poner en marcha las obras con un fuerte escepticismo en cuanto a su concreción.

Fue ante una pregunta del frepasista Rubén Giustiniani sobre si el plan era viable en las actuales condiciones económicas del país, que Bastos explicó que "lo único que existe es una postergación", y que en agosto comenzará a ponerse en marcha el plan.

Así, explicó que hay unos 20 proyectos ya aprobados y que otros tantos ya se encuentran en la etapa de anteproyecto finalizado, datos con los cuales intentó responder a las dudas planteadas por los diputados.

Luego del encuentro, Bastos aseguró que las asignaciones de obras a realizar con el fondo elaborado en base al peaje y la tasa sobre el gas oil serán realizadas por la Direccion Nacional de Vialidad, con lo que descartó cualquier privatización o despidos en ese organismo. El funcionario aseguró que Vialidad también "será transformada sólo a los efectos de liberarla de su deuda para potenciarla profesional y jurídicamente para la administración y planificación del nuevo sistema vial en la Argentina".

En la reunión, Bastos se quejó, por otra parte, de la derogación del decreto 804 que tendía a reformar el sistema eléctrico. "Que las responsabilidades queden claras: si dentro de tres o cuatro años falta energía no será porque el Poder Ejecutivo no haya hecho todas los esfuerzos a su alcance", señaló el ministro al comparecer hoy ante las comisiones de Obras Públicas, Presupuesto y Hacienda, Transporte y Energía de la Cámara de Diputados.

Según Bastos, la derogación del decreto "impide una mayor desregulación en el sector, limita la competencia y la inversión privada y demora cualquier reforma seria en el corto plazo".

"El centro de la discusión sobre el Plan Federal de Transporte recrea una situación previa a la de 1992: se vuelve a la planificación centralizada a través de un organismo estatal y se retorna a la financiación con impuestos", agregó el ministro. Al respecto, el funcionario consideró que "la crisis de energía en Brasil se debe principalmente a Electrobras, una empresa integrada que planifica de manera centralizada y que no permite el acceso a sus redes y puede vender energía en forma discriminada".

"Nunca me pareció oportuno profetizar sobre el futuro pero en esta oportunidad me gustaría que las responsabilidades queden claras: si dentro de tres o cuatro años falta energía no será porque el Poder Ejecutivo no haya hecho todos los esfuerzos a su alcance", advirtió.

Por otra parte, Bastos dijo que "el fondo para los peajes y el gasoil será administrado por la Dirección Nacional de Vialidad", dependencia que "será transformada sólo a los efectos de liberarla de su deuda y para potenciarla profesional y jurídicamente", con lo que descartó las versiones sobre su privatización.

Al referirse a la suba del gasoil, el ministro aseguró que "un tercio del parque automotor de la Argentina (de alta gama) es el más caro en nuestro país", y agregó que "las actividades productivas se sustentan a través de la devolución del IVA o tienen reintegros específicos".

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