La Fundación Poder Ciudadano presentó un recurso de amparo contra el Senado de la Nación ante su negativa de hacer públicas las declaraciones juradas patrimoniales de los senadores.
"Este amparo demuestra que en Argentina sobra demagogia legislativa y falta voluntad política de cumplir las leyes. La ley de ética pública dice claramente que las declaraciones patrimoniales son públicas", dijo el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Carlos March.
Sucede que el 24 de mayo, la fundación solicitó a la secretaría administrativa del Senado las declaraciones patrimoniales de 1999 y 2000 de senadores y ex senadores. La secretaria denegó la información y adujo que "como aún no había sido creada la Comisión de Etica Pública -encargada de registrar las declaraciones patrimoniales de los legisladores- el pedido debía hacerse a cada senador en particular", explicó la fundación.
Sin embargo, "ante el pedido puntual, los senadores consultados alegaron que sus declaraciones ya habían sido presentadas ante la Secretaría Administrativa".
La presentación, que quedó radicada en el juzgado contencioso administrativo número 5 a cargo de la doctora Susana Haydée Córdoba, pretende forzar a los senadores a que den a publicidad su patrimonio.
La Fundación también recordó que no todos los senadores tuvieron la misma conducta. Este año, sobre 69 legisladores consultados, aceptaron informar sobre sus bienes patrimoniales Jorge Agúndez, Juan Carlos Altuna, Eduardo Angeloz, Eduardo Arnold, Antonio Cafiero, Pedro Del Piero, Raúl Galván, José Genoud y Mario Losada. También lo hicieron Juan Carlos Loza, Alberto Maglietti, Susana Martínez Peláez, Javier Meneghini, Luis Molinari Romero, Leopoldo Moreau, Liliana Negre de Alonso, Juan Romero, José Antonio Romero Feris, Felipe Sapag, Roberto Ulloa, Horacio Usandizaga, Omar Vaquir y Pedro Villarroel.
La presentación que recibió la jueza Córdoba contó con el apoyo de la Comisión de Trabajo Probono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
