"La aplicación del decreto 804/01 va a hacer que los precios bajen", afirmó Bastos, ante la insistencia de varios diputados de un plenario de cinco comisiones, encabezadas por Obras Públicas, al que asistió el funcionario. Sin embargo, la prédica del ministro no alcanzó para convencer a los sectores más críticos contra el decreto, como los justicialistas Arturo Lafalla (Mendoza) y Graciela Camaño (Buenos Aires) y el frepasista Ricardo Vago (Buenos Aires).

Es que, entre otros muchos cuestionamientos, todos los dardos apuntaron a destacar que las modificaciones adoptadas por el ministro de Infraestructura traerá aparejado un incremento de las tarifas.

Bastos aseguró que se producirá una baja en las tarifas eléctricas y no un alza, como anunció por algunos medios periodísticos el secretario de Energía, Alejandro Sruoga. De tal manera desautorizó las declaraciones que hiciera Sruoga al matutino La Nación, en las que había manifestado que la tarifa eléctrica tendrá una suba del orden del 20 por ciento y, por el contrario, si bien no descartó un alza, consideró que lo "más probable" es una baja.

Sruoga realizó esas apreciaciones frente a una pregunta hecha por el diputado Ricardo Vago (Frepaso-Buenos Aires), quien cuestionó el decreto 804/01, motivo del debate del ministro con un plenario de comisiones de la Cámara baja, en lo que coincidió la mayor parte de los expositores.

Graciela Camaño (PJ-Buenos Aires) fue aún más dura y acusó al ministro de "servir a intereses empresarios" al recordar que hasta hace muy poco fue funcionario de la empresa energética estadounidense Enrom, al tiempo que expuso su criterio de convocarlo a una interpelación en el recinto. Ante la pregunta concreta de Camaño sobre si habrá o no suba en las tarifas eléctricas, Bastos planteó que habrá una baja en las mismas a causa de la aplicación del referido decreto 804/01 que ya fue rechazado por el Senado y que tiene un dictamen en contra en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados.

Bastos recibió numerosos cuestionamientos a lo largo de su presencia ante el plenario que fue presidido por el titular de la Comisión de Obras Públicas, el diputado Carlos Courel (UCR-Tucumán), comenzando por lo que se considera "una violación de la legislación" delegada por el parlamento. Eso lo plantearon inicialmente Arturo Lafalla (PJ-Mendoza) y Vago y luego Camaño, José Corchuelo Blasco (PJ-Chubut), Héctor Polino (ARI-Capital Federal) y Zulema Daher (PJ-Salta), entre otros, mientras que el principal apoyo recibido por Bastos corrió por cuenta de la menemista Ana Mosso (PJ-Mendoza).

También la postura de Bastos fue sostenida por José Gabriel Dumón (UCR-Buenos Aires), lo que motivó una disputa entre el citado legislador delarruista y Polino, ya que el primero se molestó por la insistencia de los cuestionamientos del último.

Dumón fue el único defensor de la validez del decreto, mientras que casi unánimemente, y ante el planteo de Héctor Cavallero (PPS-Santa Fe), la mayoría se pronunció por sumarse al rechazo del Senado y avanzar hacia la elaboración de una nueva ley regulatoria.