El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo para elegir el 14 de octubre próximo a los miembros de la futura Legislatura unicameral y la caducidad de los mandatos de los actuales legisladores.
La Justicia entendió que el Ejecutivo avanza sobre temas que tienen que ser dilucidados por la Convención Constituyente, cuyos integrantes recién serán elegidos el próximo 2 de septiembre.
La decisión del máximo cuerpo judicial, que no impedirá precisamente esa elección convocada por el gobierno de José Manuel de la Sota, se enmarca en la demanda de inconstitucionalidad planteada la semana anterior por el Partido Socialista Popular (PSP). La presentación realizada el 8 de agosto por el diputado provincial y titular de esa fuerza, Eduardo García, junto a la concejal y apoderada Laura Sesma, también planteaba la paralización del proceso electoral constituyente, pretensión que fue desestimada por el Tribunal.
El oficialismo exhibió cautela y la oposición una moderada satisfacción a la hora de evaluar la inconstitucionalidad dispuesta por la justicia a la convocatoria del Ejecutivo a elegir los miembros de una hipotética Legislatura unicameral el 14 de octubre.
De todas formas, este fallo, que podría ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de un recurso extraordinario o a través del "per saltum", debido a lo exiguo de los plazos, no obstaculiza la elección de convencionales constituyentes.
En un breve contacto con los periodistas, De la Sota evitó una definición hasta "no conocerlo más" al fallo que dictó el máximo cuerpo judicial, en el marco de la demanda promovida por el diputado provincial Eduardo García y la concejal Laura Sesma, ambos del Partido Socialista Popular (PSP).
Desde el radicalismo, el diputado nacional Fernando Montoya, primer candidato a renovar el mandato en los comicios de octubre, puso en duda la posibilidad de reducir el actual sistema legislativo antes de fin de año. Montoya consideró "importante" trasladar "todo este accionar electoral y político de reforma constitucional para el 2003", para poder hacer "entre todos los cordobeses y entre todos los partidos políticos, la mejor Constitución".
Por su parte, el titular del bloque de senadores provinciales de la UCR, Jorge Font, admitió que "esto puede demorar un poco las expectativas que se generaron en su momento, pero de ninguna manera invalida la intencionalidad de dotar a Córdoba de un sistema de representación legislativa distinto".
Uno de los autores del recurso judicial que motivó el fallo del STJ, el diputado Eduardo García, se manifestó satisfecho porque reconoció la inconstitucionalidad de una norma mediante la cual, "el gobernador convoca ya a la elección de 70 legisladores", cuando eso es "exclusiva atribución de la constituyente".
El constitucionalista Jorge Gentile, candidato a convencional por Unión por Córdoba, la oficialista coalición encabezada por el justicialismo, no dudó en considerar "impecable" la decisión del Superior Tribunal.