El diputado nacional Eduardo Santín defendió el proyecto legislativo que propone que el Estado nacional pague sólo hasta 600 pesos a jubilados que, además, trabajan en relación de dependencia, con lo cual se ahorraría unos "400 millones de pesos anuales".
Santín explicó a radio América, que este proyecto contempla que los jubilados "que reciben más de 600 pesos en la actividad privada, opten por el beneficio previsional o el salario ordinario".
"En estos casos, el Estado sólo pagará hasta 600 pesos, ya que se tiene en cuenta que la jubilación es sustitutiva del trabajo y por eso no se afectaría a los que cobran menos de ese importe", señaló el legislador.
Santín precisó que esta iniciativa, de ser aprobada, afectaría al "15 por ciento" de los jubilados, y aseguró que los pensionados se verían exceptuados de este proyecto.
Paralelamente, la diputada nacional María América González (Frepaso) presentó un proyecto de ley mediante el cual se deroga el pago de jubilaciones especiales para empleados de los poderes Ejecutivo y Legislativo y se suspende ese beneficio para quienes trabajan en el Poder Judicial.
El proyecto, que cuenta con el apoyo del Frepaso, del Frente para el Cambio y del ARI, fija la suspensión en el cobro de aquellos sectores alcanzados por regímenes especiales, como el servicio exterior, investigadores científicos y técnicos. La diputada del Frepaso dijo que las modificaciones que propone no son para derogar el beneficio, sino para suspenderlo temporariamente "ante la emergencia previsional" por la que atraviesa el país.
El texto prevé la derogación de jubilaciones especiales para el caso de legisladores, de los funcionarios del Congreso y de los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo.
Mientras que para el caso de los jueces fija una edad para jubilarse de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres; la necesidad de contar con 30 años de aportes y la incompatibilidad absoluta para trabajar y cobrar el haber jubilatorio especial simultáneamente.
