"Para que haya unidad nacional, para que todos los sectores de la comunidad participen de esa unidad tiene que haber un proyecto de Nación", afirmó Moyano, quien, sin embargo, puso en duda "quién va a ir a la unidad nacional con un proyecto de país como el de (Domingo) Cavallo".

Los dirigentes de la CGT disidente pretenden además con este proyecto la búsqueda de una mayor estabilidad laboral, al postular una serie de condiciones para evitar los despidos injustificados o sin causa, en consonancia con la legislación europea.

El proyecto, denominado como "Progreso con Justicia Social" propone la reducción de la jornada laboral semanal en un diez por ciento (serían 44 horas) y estipula un tope en la cantidad de horas extras que deben cumplir los trabajadores.

Este plan, que en una primera instancia deberá ser debatido por la Cámara de Diputados, contiene 142 artículos que intentan modificar de plano la polémica legislación laboral sancionada en medio de las sospechas de pago de sobornos a los senadores.

La junta promotora que confeccionó el proyecto de "iniciativa popular" está constituida por el abogado Héctor Recalde, el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Carlos "Perro" Santillán, el colectivero Juan Manuel Palacios y el judicial Julio Piumato.

Por su parte, el diputado nacional de origen sindical Saúl Ubaldini subrayó que el proyecto "defiende la estabilidad del empleo de los trabajadores públicos y privados". Como prólogo, la jueza electoral federal María Servini de Cubría debió constatar la veracidad de las rúbricas recolectadas para que el proyecto quedara habilitado para ser elevado al Congreso.

Recalde evaluó como "muy positiva" la iniciativa, ya que a su criterio su sanción "cambiaría el modelo económico y, por ende, la distribución de la riqueza nacional".

Los principales puntos del proyecto son los siguientes:

– "Fondo de Garantías laborales": aseguraría que ante una quiebra empresarial los trabajadores cobren su deuda.

– "Derecho sobre Información participación y Consulta": propone la reducción de la jornada laboral semanal en un 10 por ciento, lo que significaría una reducción a 44 horas por semana.

– Horas extras: se pone tope a la cantidad de horas extras que pueden realizar los trabajadores.

– "Estabilidad del Empleo": postula una serie de condiciones para despedir a trabajadores, y prohíbe la cesación laboral "sin causa", al igual que la ley laboral europea.

– La CGT disidente promoverá la derogación de la legislación de flexibilización.

– Salario Mínimo Vital y Móvil: se proyecta el aumento del salario mínimo vital y móvil, así como también de las jubilaciones, en forma gradual.