Evalúan presunto lavado del Cartel de Juárez

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Jorge Dahl Rocha comenzaron a evaluar la documentación vinculada con presuntas maniobras de lavado de dinero proveniente del cartel de Juárez. La documentación, contenida en tres cajas remitidas al Juzgado, podrían complicar la situación del financista Aldo Ducler, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Las cajas fueron enviadas la semana pasada por el Gobierno de los Estados Unidos al Ministerio de Justicia de la Nación, y esta tarde se clasificó su contenido. En la apertura estuvieron presentes defensores de Aldo Ducler, quien era titular de la financiera Mercado Abierto S.A., y que aparece mencionado en la investigación.

Mientras tanto, la Comisión de Lavado de Dinero reanudará hoy su actividad con el análisis de los capítulos del preinforme preliminar sobre liquidación de bancos, operaciones de títulos públicos en bancos provinciales, y formación de fondos de inversión. Además, en la reunión convocada para las 10 se consagrará vicepresidente segunda la diputada justicialista Cristina Kirchner, elegida por su bancada para ocupar un lugar en la conducción de la comisión, cuya presidente es de la radical rebelde Elisa Carrió.

Para hoy, los legisladores esperan poder concluir y tener aprobado la parte restante del capítulo 2 sobre fondos de inversión, del 3 sobre bancos y compañías off shore, del 5 sobre títulos públicos y bancos provinciales y el 6 referido a la liquidación de entidades financieras y circuito clandestino de dinero. La diputada frepasista Graciela Ocaña aseguró que "se va a aprobar sin grandes modificaciones" estos capítulos sobre bancos y títulos públicos y vaticinó que "seguramente podremos pulir todas las diferencias sin inconvenientes". Sin embargo, habrá un tema que generará un arduo debate, que es el referido a las operaciones de títulos públicos realizadas por los bancos provinciales, donde se menciona a provincias administradas por radicales y justicialistas.

En otro orden, la Comisión continuó recibiendo cartas documentos desmintiendo la información del preinforme y amenazando con juicios. En esta ocasión, el laboratorio Roemmers fue la empresa que intimó al grupo parlamentario que lo mencionó en el primer preinforme.

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