Además se sancionó otro proyecto que modifica el sistema de factura de crédito, el cual establece que el nuevo régimen será obligatorio para los compradores con una facturación anual superior a 4 millones de pesos, aunque el gobierno podrá reducir ese tope a 720.000 pesos.

En una prolongada sesión, la Cámara de Diputados aprobó un amplio paquete de proyectos de leyes, entre los que figuró también la ley marco de Ciencia y Tecnología y del Fondo del Tabaco para excluir esos recursos del presupuesto. La Cámara declaró "intangibles" para el Estado Nacional todos los depósitos, ya sean en pesos o en dólares, captados por las entidades financieras autorizadas por el Banco Central. Esa intangibilidad consiste en que "el Estado Nacional en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera".

"Esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de deuda pública nacional u otro activo del estado Nacional ni prorrogar el pago de los mismos ni alterar las tasas pactadas ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operan en las fechas establecidas entre las partes", agrega el proyecto.

La iniciativa declara la futura ley de orden público y que los derechos derivados para los depositantes y las entidades depositarias de las operaciones como derechos adquiridos y protegidos por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

En el caso de la factura conformada, se trata de una medida reclamada largamente por las pequeñas y medianas empresas. Esto es así porque faculta al Poder Ejecutivo a establecer entre las empresas cuya facturación anual se encuentre entre los 720 mil y los 4 millones de pesos tengan la obligación de recibir este nuevo instrumento fiscal.

La ventaja de la denominada "duplicata" es que tiene carácter de título ejecutivo y permitirá a los bancos contabilizarlos como respaldo de préstamos para aquellos comercios que presenten un volumen respetable de operaciones refrendadas mediante este sistema.

Es que la ley otorga a las entidades bancarias la condición de cobradores, por lo que ante la presentación de las facturas cedidas por los comerciantes tendrán la facultad de reclamar los créditos allí establecidos.

De esta manera, un comerciante de pequeño o mediano porte podrá aplicar sus ventas con condiciones de pago a futuro (30, 60 o 90 días), como un respaldo para el eventual pedido de un crédito bancario, ya que se podrá contar como efectivo a futuro.

Uno de los cambios sustanciales es que la factura que tiene la firma en conformidad del comprador se convertirá en un documento de título ejecutivo, con lo cual lo podrá entregar al banco para que proceda a su cobranza, en el plazo estipulado entre las partes. La sanción del proyecto fue promovida por el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Dumón, pero también tuvo una participación particular el economista justicialista Rodolfo Frigeri, quien pugno para convertir este documento en obligatoria para que pueda tener éxito.

La factura de crédito tiende a imitar la llamada "duplicata", que se utiliza en Brasil, por la cual el vendedor, al entregar su mercadería, emite dos facturas, una de las cuales le debe ser devuelta por el comprador con el conforme correspondiente, lo que habilita a que la misma pueda ser endosada para su descuento en entidades financieras.

Este mecanismo ya había sido creado en 1996 por el Parlamento a instancias del entonces diputado cordobés del PJ Miguel Balestrini, pero su vigencia a real fue escasa, ya que rápidamente la ley fue reformada, se le quitó el carácter de obligatoria, y al convertirse en voluntaria perdió todos sus efectos.

También se rechazó un pedido para debatir sobre tablas un proyecto del diputado Oscar Lamberto, que busca suspender por 180 días las ejecuciones y las sentencias judiciales de quiebra, y se aprobó una preferencia para que esa iniciativa pueda ser tratado en la próxima sesión.

En otro orden, la Cámara de Diputados giró en segunda revisión al Senado el proyecto de ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca estructurar, planificar y promover las tareas de investigación básica para apuntalar el patrimonio cultural, educativo, social y económico del país.

La iniciativa fue elaborada en base al proyecto votado en diciembre de 1999 por el Senado y la iniciativa redactada por la entonces diputada aliancista Adriana Puiggros, quien hoy se desempeña al cargo de la Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva.

Puiggros manifestó su satisfacción por la sanción de este dictamen y estimó que el Senado lo convertirá rápidamente en ley, con lo cual la Argentina tendrá su primera ley marco que permitirá "planificar con seriedad la promoción de la ciencia y tecnología, a corto, mediano y largo plazo". El dictamen aprobado tiene entre otros objetivos "estimular la investigación básica, aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de investigadores y tecnólogos, potenciar y orientar la investigación científica, y garantizar la igualdad de oportunidades para personas, organismos y regiones de la Nación". El presidente de la comisión, el aliancista Alejandro Peyrou defendió la iniciativa porque la "Argentina necesita de una ley marco en Ciencia y Tecnología; estamos hablando de una área estratégica para el desarrollo económico y social del país".