El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, defendió ante la Cámara de Diputados las modificaciones introducidas en el marco regulatorio eléctrico por el decreto 804/01, aunque no pudo convencer a los diputados del PJ y del Frepaso que anticiparon la derogación de la polémica medida y que incluso llegaron a pedirle su renuncia al cargo.
Bastos concurrió a la Cámara ante un pedido de interpelación aprobado la semana pasada, luego que por tercera semana consecutiva enfrentara un plenario de cinco comisiones encabezado por Obras Públicas, en las que se cuestionaron varias medidas adoptadas por la cartera de Infraestructura. En esta ocasión, la interpelación se limitó al decreto 804 y en ese sentido Bastos insistió con la teoría esgrimida en comisiones, sobre la necesidad de establecer modificaciones en el marco regulatorio eléctrico para evitar futuras situaciones de crisis, como las que vivieron Brasil y California (EEUU).
Bastos citó una serie de artículos periodísticos que auguran futuras crisis en el sistema energético, aunque terminó aceptando que "nuestro sector eléctrico está funcionando adecuadamente". No obstante, insistió con su teoría y aseguró que "no escuchar las advertencias nos podría llevar a situaciones como las de Brasil y California".
El ministro debió reconocer nuevamente que Argentina " está lejos de enfrentar una crisis como la de California o la de Brasil" y hasta llegó a decir que "el sistema argentino ha sido bien diseñado y está preparado para afrontar este tipo de inconvenientes".
Siempre en el mismo tono, volvió sobre su hipótesis de conflicto y dijo que "está claro que tantas voces de advertencia como lo que venimos viendo están hablando de la necesidad de un cambio que le de mayores posibilidades de inversión a los generadores".
La alocución de Bastos duró más de una hora, pero no fue suficiente para calmar las críticas del bloque justicialistas, en la que hicieron punta los diputados Arturo Lafalla (Mendoza) y Graciela Camaño (Buenos Aires), quien tuvo a su cargo el cuestionamiento político de Bastos, a quien le recordó su pasado como asesor de la empresa norteamericana Enron, cuyo principal negocio es la comercialización de energía eléctrica.
Antes, Lafalla había destacado el costado legal de las medidas al señalar que "violó la ley de legislación delegada porque esa norma excluye explícitamente de sus alcances las cuestiones relacionadas con los entes reguladores y sus materias de regulación". También cuestionó el hecho de que se haya modificado la ley que ceó el sistema eléctrico nacional, al establecer un sistema de fijación de tarifas día a día y sin regulación alguna, cuando la norma establecía el cálculo de las tarifas cada 90 días.
