La iniciativa del gobierno nacional de impulsar una consulta popular para que la ciudadanía juzgue si es necesario que reducir gasto en la política generó opiniones divergentes de funcionarios y legisladores y despertó algunas críticas debido al costo que puede implicar.
El vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, señaló que la consulta popular que convocará el Gobierno para que la ciudadanía se expida sobre el gasto político podría rozar la necesidad de una reforma constitucional. En declaraciones radiales, Baylac advirtió que si el plebiscito involucra alguna pregunta como, por ejemplo, la conveniencia de mantener un tercer senador por provincia habría que "modificar la Constitución" Nacional.
"El tercer senador es un artículo constitucional y obviamente el Gobierno está obligado a cumplir con la norma fundamental, por eso la idea de una consulta de esta naturaleza se debe promover por fuera de la especulación electoral", indicó el vocero.
El titular del bloque de diputado del PJ, Miguel Angel Pichetto, opinó que la respuesta de la ciudadanía en la consulta popular "será obvia", y aseguró que "lo que hay que hacer es ponerse a trabajar". En ese sentido, consideró que, si bien aún no hay precisiones sobre la propuesta, la iniciativa "está más cercana a un componente político electoral de cara a octubre que a una realidad", en referencia a las elección nacional en la que se elegirán senadores y diputados.
Pichetto remarcó también que desde el PJ se comparte "la idea de reducir el gasto e implementar la reforma política pendiente en el Congreso y que hay que llevar adelante", y reseñó además que el tema "ya fue conversado con el ex ministro del Interior (Federico) Storani".
El diputado del PJ Lorenzo Pepe fue más duro que el jefe de su bancada al referirse a la propuesta del gobierno, al considerar que "otra vez llegan tarde porque la opinión pública ya se ha expresado, condena la política y le pide mayores esfuerzos y sacrificios".
Por su lado, el presidente del bloque de diputados aliancistas, Darío Alessandro, se mostró a favor de "obtener un consenso excepcional entre todos los actores políticos, económicos y sociales". Con este objetivo, señaló que "no hay que banalizar la discusión acerca de la reforma del Estado y el costo de la política", y se mostró de acuerdo con el plebiscito anunciado por De la Rúa sobre el costo de la política, para que actúe como "factor de presión sobre la clase politica".
A los efectos de disminuir el gasto público, Alessandro reiteró que las provincias "no deberían tener sistemas parlamentarios bicamerales", lo cual debería ser promovido también por un plebiscito no vinculante.
El senador frepasista, Pedro Del Piero, antes de brindar su opinión sobre la propuesta del gobierno nacional aclaró que su intención no es "contrastar" con la iniciativa del Presidente. Pero, enfatizó: "Habría que ir a cosas mucho más prácticas, a los temas concretos y remover obstáculos que uno los ve, los toca, los conoce y que hay una fuerte oposición a hacerlo".
Totalmente en contra se mostró una docena de diputados frepasistas. En una conferencia de prensa realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional, la diputada Irma Parentela leyó un comunicado que lleva la firma de once de sus compañeros de bancada y del senador Pedro del Piero, en el cual se sostiene que "carece de seriedad plebiscitar un tema que forma parte de la propuesta que ya fue plebiscitada en octubre de 1999".
Parentela leyó el documento acompañada de los diputados Fernando Melillo, Carlos Raiumundi, Alejandro Peyrou, Isabel Foco, Bárbara Espínola, Ricardo Vago y el senador Del Piero, pero indicó que otros frepasistas compartían esta postura. "La transformación del sistema político debe realizarse sin dilaciones y sobre la base de transparencia y eficacia, pero no hace falta para ello convocar a un plebiscito que tiene una respuesta obvia", dijeron los legisladores frepasistas.
Los legisladores recordaron que existen en el Congreso varios proyecto presentados que apuntan a una reforma política integral y que abordan temas tales como el sistema de financiación de los partidos, las listas sábanas, y la limitación de la duración y costos de las campañas.
La posible realización de una consulta popular marcaría el debut de este mecanismo de democracia semidirecta incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. El proyecto aprobado establece que la consulta será vinculante y obligatoria cuando esté convocada por el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, a fin de someter a consideración de la población "toda materia que pueda ser regulada por ley".
Los proyectos sometidos a consulta popular vinculante se convertirán "automáticamente" en ley si obtienen el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sufragios emitidos y será válida cuando hayan votado "no menos del 35 por ciento de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral nacional".
A su vez, la diputada radical Elisa Carrió consideró como una "hipocresía" el llamado a un plebiscito anunciado por el presidente Fernando de la Rúa para consultar a la ciudadanía sobre una reducción de los costos del sistema político. "Es la hipocresía de quienes se enriquecen ilícitamente, viven en casas de 3 millones de dólares y quieren bajar el gasto en los sueldos de los diputados honestos, porque total ellos cobran por izquierda", enfatizó Carrió.
"No, en lo que se gasta mucho es en corrupción, sobreprecios en las licitaciones, negocios con los amigos banqueros, negocios con los amigos contratistas de la obra pública. Cuando den explicaciones de todo esto, que me expliquen por qué yo tengo que ganar menos de 3 mil pesos", enfatizó la legisladora chaqueña, al hablar con la prensa.