El análisis sobre cómo abordar las intimaciones judiciales y pedidos de copias remitidos por varias de las personas mencionadas en la investigación de presuntas maniobras de lavado de dinero, demoraron la revisión del preinforme de la comisión.
Por la mañana, la comisión recibió la visita de un senador y un representante del gobierno de Paraguay quienes aportaron información sobre el capítulo referido al ex militar paraguayo, exiliado en Brasil, Lino Oviedo. En tanto, el análisis del preinforme sobre las maniobras que se presumen ilícitas, quedó detenido ante la gran cantidad de presentaciones que recibió la comisión: intimaciones judiciales, pedidos de copias del documento y aporte de material para desmentir el contenido del pre-dictamen.
De hecho, la comisión decidió poner en marcha una suerte de mesa de entradas para recibir todos los requerimientos, que van desde la querella presentada por el senador Eduardo Menem hasta una presentación de un laboratorio, mencionado en los informes.
También ingresó una nota del juez de la Corte Suprema Enrique Petracchi, en la que si bien reconoce que la titular del cuerpo investigador, Elisa Carrió, lo exculpó en la polémica presentación del preinforme destaca que en el documento aparece imputado.
Los diputados del grupo parlamentario tenían previsto continuar analizando los capítulos 3, sobre bancos y compañías off shore; 5, dedicado a títulos públicos y bancos provinciales y el apartado 6, que aborda la caída y liquidación de varias instituciones bancarias y el circuito clandestino. Sólo pudo concluir el capítulo dos dedicado al modelo de capitalización de la deuda, donde faltaba analizar el punto referido a los fondos de Inversión y el Grupo Exxel, aunque en este tema algún diputado del justicialismo comentó que presentará sus observaciones por escrito.
Para el martes los diputados esperan poder avanzar en la discusión del preinforme que esperan concluir en quince o veinte días, para luego poder comenzar con el cronograma de audiencias a las personas mencionadas en el documento, que fue firmado por cuatro legisladores.
Uno de los motivos por los cuales la Comisión no continuó con la revisión del "dossier" es que la reunión se centró en la actitud que asumirá ante los innumerables pedidos de copia del preinforme, de rectificaciones y hasta intimaciones de las personas que han sido mencionadas o involucradas en la primera etapa de la investigación. Y se enfrascó en una dura discusión sobre si el grupo parlamentario responderá afirmativamente al pedido del juez Juan José Galeano, quien pidió la entrega de todo material referente al atentado a la AMIA.
Elisa Carrió volvió a insistir en que sólo entregará el material a Memoria Activa lo cual fue rechazado por los diputados del PJ, Carlos Soria y Cristina Kirchner, quien planteó que si bien tiene críticas al trabajo del juez no puede retenerse ningún aporte que pueda hacerse a la justicia.
Sobre el pedido de copia del preinforme certificado pedido por empresas, y particulares, la Comisión no hará entrega de ese material hasta que se proceda a su firma, y sobre las intimaciones aún no hay decisión adoptada y recién se discutirá en la reunión del próximo martes.
En los últimos días varias personas mencionadas en el informe mandaron cartas documentos y pedido de rectificaciones. Figuran, entre otros, el juez de la Corte, Enrique Petracchi, el Laboratorio Roemmers, el estudio jurídico de Grondona-Martínez de Hoz, el senador Eduardo Menem, y el diputado radical Carlos Maestro. También mandó su queja el detenido Nicolás Di Tulio, quien está procesado por presunto narcotráfico en relación a una causa vinculada al cartel de Juárez. "Hasta Di Tulio pide carta de buena conducta", comentó en forma irónica la diputada del Frepaso, Graciela Ocaña.
La presidenta de la Comisión, Carrió, confirmó que ya recibió "ocho querellas" y advirtió que "aquel diputado que no quiera firmar por miedo a las querellas que no lo haga", y sostuvo que podrá pobar en la Justicia "con la prueba documental" todas sus denuncias.
También opinó Margarita Stolbizer sobre las cartas documentos y quejas que recibe la Comisión. En ese sentido dijo que "la cantidad de intimaciones nos llaman a la reflexión de que el borrador merecía un tratamiento más profundo, en lugar de haberse apresurado su difusión pública como se hizo hace quince días".
