El director nacional electoral, Alejandro Tullio, señaló que "tomando el 18 de noviembre como fecha hipotética para la consulta, los costos globales ascenderían a unos 10 millones de pesos". No obstante, Tullio aclaró que la fecha de la consulta "aún no fue definida por el presidente" Fernando De la Rúa, pese a lo cual la dirección a su cargo comenzó a trabajar en el nuevo operativo eleccionario.

La actualización de la estimación contempla el dinero que debe destinarse a la Justicia Electoral, la Junta Electoral, el Correo, las impresiones, y da por sentada una ampliación del contrato con la empresa que resulte designada para la realización del escrutinio.

Si bien la cifra representa la séptima parte de los 70 millones que demandará el operativo electoral del 14 de octubre, los costos se alejarían de los 3 y 4,5 millones que se estimaban inicialmente para la consulta popular. Según explican los técnicos de la Dirección Nacional Electoral, los gastos serían muy inferiores de realizarse en una fecha más próxima a los comicios legislativos -no más de 20 días- ya que se lograría un mejor aprovechamiento de la logística.

"Es imposible, desde el plano técnico-operativo, que el plebiscito se pudiese hacer dentro del mes posterior a la elección legislativa, aunque para achicar los costos deberemos pensarlo para no mucho después", indicó Tullio, quien reconoció que la fecha del 18 de noviembre que se maneja en el Gobierno estaría encuadrada dentro de esos términos, pues permitiría establecer una prórroga contractual con la empresa que se encargue de la operatoria el 14 de octubre.

"Si consiguiéramos establecer una prórroga contractual, el costo del plebiscito sería del orden de los 10 millones, pero si nos fuésemos a diciembre, por ejemplo, los gastos se cuadruplicarían", apuntó Tullio.

A todo esto, el ministro del Interior, Ramón Mestre, aseguró que todavía "no está la fecha" de convocatoria para la consulta popular que pondrá en marcha el Gobierno con la intención de reducir los gastos del Estado a través de una reforma política, y defendió la realización del plebiscito a pesar de los costos que implicará.

Mestre, si bien confirmó que la convocatoria al plebiscito "es un tema suficientemente terminado", dijo que "la fecha no está determinada", a pesar de que algunas versiones periodísticas indicaron que la elección -que sería no vinculante-, se podría hacer el 18 de noviembre.

En tanto, los gobernadores de La Pampa, Rubén Marín, y de Chaco, Angel Rozas, coincidieron en afirmar que "no es necesario" realizar un plebiscito para reducir los gastos de la actividad de la política.

"Ni siquiera haría falta un plebiscito. La sociedad quiere que se ajuste en todos los órdenes incluso en el político, así que lo que tiene que hacer el Gobierno es decidir, proponer, y seguiremos avanzando en la reducción de los costos políticos", enfatizó Marín.

A su vez, Rozas advirtió que "si es solamente preguntar si la gente quiere que baje el gasto de la política no es necesario este instrumento".

Por su parte, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, estimó que las arcas públicas podrían ahorrar unos 1.500 millones de pesos anuales derivados del costo de la política si la gente apoyara un recorte del sector en el plebiscito. "La importancia de la consulta es que se van a tocar temas que cuando se tocan de otra manera o en otros ámbitos demoran y no se realizan", remarcó Bullrich.

En este sentido, puntualizó que el Gobierno apunta a que "la sociedad se exprese sobre la duración y los gastos de las campañas, algo que todavía no ha salido del Parlamento".