Gobernadores alerta por el recorte a la coparticipación

Los gobernadores del PJ y de la Alianza coincidieron en señalar que cualquier modificación a la distribución de fondos a las provincias debe pasar por el Congreso, y advirtieron que se pondría "la gobernabilidad en riesgo" con un recorte de la coparticipación.

Los mandatarios provinciales salieron así al cruce de la intención del ministro Domingo Cavallo de dejar sin vigencia a los pactos federales firmados con las provincias -que reparten una suma fija de 1.364 millones de pesos mensuales- y distribuir, en cambio, una suma variable de acuerdo con la recaudación.

El gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, advirtió que los dos pactos fiscales que firmaron la Nación y las provincias ahora "son leyes, porque fueron aprobadas por el Congreso Nacional primero y por las Legislaturas provinciales después". En coincidencia, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, dijo que el Gobierno cometería "delito" y los "funcionarios estarían violando los deberes de funcionario público" si se modifican en forma unilateral los acuerdos federales.

Desde la Alianza, el gobernador del Chaco, Angel Rozas, manifestó su coincidencia con sus pares justicialistas y advirtió que "la mayoría de las provincias argentinas van a entrar en un estado de ingobernabilidad manifiesta" si se produce el recorte. A su vez, el titular interino del PJ, el gobernador pampeano Rubén Marín, realizó un análisis similar, al indicar que "podría comprometerse el pago de sueldos, servicios y proveedores" en caso de un recorte.

"El Gobierno nacional tiene que transferir un porcentaje de la recaudación. Y si no alcanzaba un cierto mínimo, se suponía que la Nación conseguía crédito y lo repartía. Ahora no hay crédito, entonces no hay dinero para repartir", enfatizó Cavallo. Según el ministro, "lo único que tiene relevancia ahora es la Ley de Coparticipación de Impuestos, porque lo único que podemos repartir son los impuestos que recaudamos". Cavallo anunció que "de todo lo que recaude la Nación, día por día, transferirá el porcentaje que corresponda a las provincias".

Los gobernadores rechazaron esa posición y consideraron que se violarían así normas dictadas por el Congreso. La posición coincidente que expresaron es que si se busca modificar el sistema, deben ser los diputados y senadores nacionales los que lo traten; a la vez que cuestionaron posibles recortes.

Como muestra de esa posición, el gobernador radical Rozas advirtió en duros términos que una política "de shock" en las provincias "significaría matar a nuestra gente".

Si bien se pronunció en favor del "déficit cero", remarcó que "esa búsqueda debe ser gradual" y que de lo contrario "muchas provincias argentinas vamos a entrar en colapso".

En sintonía con las afirmaciones del titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo, el ministro del Interior, Ramón Mestre, precisó que cuando se firmaron los acuerdos que establecieron un piso para los fondos federales pactados con las provincias la situación era distinta a la actual.

Consultado sobre la posibilidad de que se les recorte a las provincias el piso de 1.364 millones mensuales, a pesar del compromiso que el Gobierno asumió en noviembre del 2000, cuando se firmó el acuerdo fiscal, el ministro precisó que "este tema tendrá que ser lo suficientemente evaluado" con los mandatarios. Al respecto, el ministro señaló: "tenemos que comprender que cuando se firmó este acuerdo de poner piso a la coparticipación, estábamos frente a otra realidad del país; hoy los recursos no alcanzan, hay que sentarse a discutir, nadie puede imponer ni de un lado ni de otro soluciones, hay que acordar soluciones y lo tenemos que hacer entre todos".

En ese contexto, en declaraciones efectuadas al ingresar a la Casa de Gobierno, el ministro admitió que con los mandatarios justicialistas "hay contactos permanentes".

Para el tributarista Leonel Massad, los ingresos fiscales de agosto registrarían una merma de entre el 6 y 7 por ciento en la medición interanual, pero habría una leve mejora contra julio anterior. Massad señaló que el incremento al 6 por mil de la alícuota en las transacciones financieras permitirá un ingreso extra de 140 millones de pesos. Asimismo, la decisión de dejar sin efecto el aumento en la base no imponible del Impuesto a las Ganancias permitirá un incremento de 30 millones de pesos, y la restitución de 10 centavos en la carga impositiva de las naftas significará una suba de 350 millones.

Además, el incremento del 16 al 20 por ciento en las contribuciones patronales para empresas de servicios representará un incremento de 80 millones en la recaudación de agosto.

Con todo, y siempre según estimaciones privadas, los ingresos públicos caerían alrededor del 6 por ciento, aunque proyecciones más pesimistas ubican la baja en el 10 por ciento. Ante estas circunstancias, el gobierno debería optar entre mantener la rebaja del 13% o disminuir los recursos coparticipables.

De acuerdo con un informe elaborado por el Grupo Santander, para alcanzar el déficit cero -manteniendo el recorte de sueldos y jubilaciones en el 13 por ciento- la recaudación de agosto debería oscilar entre 4.000 y 4.050 millones para lograr el déficit cero, es decir, un 4 por ciento menos respecto de igual mes del año pasado.

Si la caída de la recaudación de agosto llega al 8 por ciento, el gobierno debería apelar a un recorte de gastos de entre 150 y 200 millones de pesos para alcanzar la meta de equilibrio.

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