Diputados de Alternativa por una República de Iguales (ARI), el Frepaso y del Frente para el Cambio (FPC) presentaron un proyecto de ley elaborado por la CTA, que impulsa que se convoque para el 10 de diciembre a una consulta popular sobre el establecimiento de un seguro de empleo, una asignación por hijo y una pensión a la vejez.
El proyecto lleva la firma de los diputados nacionales de la junta promotora nacional del Movimiento por la Consulta Popular, Elisa Carrió, Eduardo Macaluse, Marcela Bordenave, Jorge Giles, Elsa Quiroz, Alfredo Bravo, Héctor Polino, Jorge Rivas, Oscar Gonzalez, María América Gonzalez, Fernando Melillo, Federico Soñez, Gustavo Cardesa, Alfredo Villalba y Mario Cafiero.
El artículo primero del proyecto propone declarar la emergencia social en todo el territorio nacional para garantizar que ningún hogar quede por debajo de la línea de pobreza, que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mediante una renta mínima a la que se asigna no sólo efectos sociales, sino reactivadores de la economía. La iniciativa se propone consultar a la población si está de acuerdo o no con la creación de un seguro de empleo, una asignación mensual por cada hijo y una pensión para las personas no amparadas por el régimen previsional.
El seguro financiaría la inclusión del beneficiario en circuitos de emergencia, de economía popular y desarrollo local, o bien permitiría que el beneficiario complete su nivel de formación.
Por otra parte, diputados nacionales del ARI y del Frente para el Cambio repudiaron la propuesta de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, de establecer reglamentaciones a la convocatoria de los paros generales. Mediante un proyecto de declaración, los legisladores expresaron su rechazo a la decisión de la titular de la cartera laboral de impulsar por vía de un decreto presidencial la reglamentación del derecho de huelga.
La iniciativa critica "cualquier intento que atente contra los derechos de los trabajadores, que mutile una garantía expresa de la Constitución o que desconozca lo sostenido por el Comité de Libertad de Expresión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera a la huelga una manifestación de la autonomía y la libertad sindical".
En esa línea, la diputada Marcela Bordenave, autora del proyecto, criticó a Bullrich porque "se ha caracterizado por sus denuncias mediáticas contra dirigentes populares sin que se hayan verificado hasta el presente la consistencia de las mismas".