El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el último de los tres proyectos que integran la denominada reforma política, referido a los gastos de campañas electorales y a los mecanismos de financiamiento de los partidos.
La Cámara alta había aprobado la propuesta en general hace más de dos meses, y en la víspera completó el tratamiento en particular con la inclusión de algunas modificaciones respecto a texto original.
La propuesta fue aprobada por mayoría especial, es decir dos tercios de los presentes, tal como establece la Constitución para el casos de las leyes que modifican aspectos electorales.
El tratamiento del tema fue bastante confuso, por cuanto los senadores votaron la ley con diferentes textos sobre sus bancas, a punto tal que la presidencia de la Cámara tenía un "dictamen" y algunos senadores del radicalismo y de partidos provinciales trabajaban con otros proyectos sobre sus pupitres.
Esto motivó que cinco artículos de los 76 que integran el proyecto hayan tenido que ser leídos para que los senadores advirtieran las diferencias, resueltas por un grupo de legisladores minutos antes del inicio de la sesión. Del análisis de la denominada reforma política quedó finalmente al margen el tratamiento de la modificación del sistema electoral, mediante el cual se pretendían eliminar parcialmente las listas sábanas, aunque la falta de acuerdo entre radicalismo y peronismo generó una falta de resolución sobre el tema.
La sesión se desarrolló con las ausencias de Carlos Corach, autor del texto original sobre el que se trabajó y el que sirvió para la aprobación en general; Jorge Yoma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cabecera en el estudio del proyecto; y Luis Molinari Romero, quien trabajó en nombre del radicalismo en la etapa de preparación del proyecto.
Varios senadores del radicalismo se retiraron del recinto tras la aprobación pensando que el monto había quedado fijado en el dos por ciento, cuando en realidad prevaleció el diez por ciento, que figuraba en el texto de la presidencia de la Cámara.
Más allá de las desprolijidades de forma, los senadores realizaron la votación en un trámite bastante rápido que completó la denominada reforma política, tras la votación hace dos meses de un proyecto sobre la duración de las campañas y de otro que estableció el mecanismo de internas abiertas.
El texto votado establece un sistema de financiamiento mixto de la política, con aportes públicos y privados, pero imponiendo como exigencia la prohibición de contribución privada anónima. De esta manera, la política se financiará con el aporte estatal dispuesto en la ley de Presupuesto, que es de un peso por cada voto obtenido en la última elección, y privado con las donaciones que se realicen desde las empresas o cualquier otra persona jurídica.
Las contribuciones de las personas físicas no podrá exceder el cinco por ciento de los gastos electorales; y las de las personas jurídicas no podrán superar el diez por ciento de ese gasto.
En la primera parte del debate la discusión se centró en el capítulo referido a los aportes privados que reciben los partidos y en tal sentido el radicalismo propuso la incorporación de un inciso prohibiendo las contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales y cámara empresariales.
El peronismo, en la voz de su miembro informante José Carbonell, rechazó la propuesta radical con lo cual el inciso se limitó a señalar que estarán prohibidas las contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores.
Al ser debatido el artículo 39, el peronista disidente Héctor Maya rechazó la limitación de un peso por elector para los gastos de campañas futuras, y dijo que la fijación de ese monto constituía "una utopía, una hipocresía que llevará a estructurar toda una ingeniería del ocultamiento de los gastos".
El artículo en cuestión señala que en las elecciones a cargos legislativos nacionales y a presidente y vice, los gastos destinados a la campaña electoral no podrán superar en conjunto la suma equivalente a un peso por elector habilitado a votar en la elección.
La posición de Maya fue rechazada tanto por justicialistas como por radicales y el texto quedó sancionado tal como fue propuesto originalmente.
En el caso de los próximos comicios de octubre, el proyecto establece que los gastos no podrán superar en conjunto la suma de 50 centavos por elector habilitado.
